La Fiscalía de Santiago inicia lectura de expepdiente dedelitos cibernéticos que afectó principalmente a ciudadanos estadounidenses en retiro.
En Santiago de los Caballeros, República Dominicana, un monumental paso se ha dado en la lucha contra el cibercrimen con el inicio, este jueves, de la presentación de una acusación formal por parte de la Fiscalía de Santiago. La acusación, que señala a 46 personas y 5 entidades societarias, destapa una red de crímenes cibernéticos involucrando estafas, extorsiones sexuales, robos de identidad y chantajes. Estos delitos fueron puestos al descubierto gracias a la llamada Operación Discovery, marcando un hito en el combate contra las actividades criminales en el ciberespacio.
La denuncia, que abarca más de 1300 páginas, no solo detalla los cargos contra los acusados sino que también desglosa las operaciones, los participantes y las funciones específicas dentro de esta red criminal considerada una de las más sofisticadas que se hayan registrado hasta la fecha.
La Operación Discovery ha sido crucial para desentrañar esta red que se especializaba en vulnerar la seguridad de ciudadanos estadounidenses en su retiro, despojándolos de sus recursos económicos a través de engaños y vejaciones. Esta operación se destaca por la compilación de más de 750 pruebas documentales, 600 materiales y decenas de elementos probatorios periciales, además del testimonio de más de 130 testigos, todo con el objetivo de demostrar la culpabilidad de los acusados.
La jueza Iris Sugelly Borgen Santana, del Tercer Juzgado de la Instrucción, ha pospuesto la audiencia hasta el próximo jueves 21 de marzo para continuar con la lectura de la acusación. Este caso no solo subraya la efectividad de las maniobras fraudulentas y engañosas llevadas a cabo por la red desde centros de llamadas para instaurar terror psicológico entre sus víctimas, sino también el éxito en la movilización de transacciones económicas millonarias y la adquisición de bienes de lujo por parte de los imputados.
La investigación, conducida por el Ministerio Público con el apoyo de diversas entidades, incluyendo el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y la Embajada de Estados Unidos, entre otros, resalta la importancia de la colaboración interinstitucional en la lucha contra el cibercrimen.
Los cargos presentados abarcan una amplia gama de violaciones al Código Penal Dominicano y a leyes específicas sobre crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos, evidenciando la complejidad y la gravedad de las actividades criminales de esta red. Además, algunos de los imputados enfrentan cargos adicionales por violaciones relacionadas con armas y drogas, lo que subraya la multifacética naturaleza de las operaciones ilícitas de esta organización criminal.
Esta acción legal no solo busca hacer justicia a las numerosas víctimas de esta red, sino también enviar un mensaje claro sobre el compromiso de la República Dominicana con el combate al cibercrimen y la protección de la integridad económica y personal de ciudadanos tanto nacionales como extranjeros.
