El PLD acusa al Gobierno y al PRM de favorecer candidaturas con fondos estatales, anticipando medidas legales.
Santo Domingo, República Dominicana – Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha intensificado las acusaciones contra el actual Gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el uso indebido de los recursos del Estado en el proceso electoral. Martínez, en un reciente acto de campaña, declaró que esta práctica sin precedentes busca influenciar las elecciones a favor del partido en el poder.
Durante una marcha-caravana en la Circunscripción Tres del Distrito Nacional, el líder opositor expresó su firme rechazo a estas acciones, considerándolas una campaña "despiadada" que no tiene parangón en la historia electoral dominicana. "Estamos preparados para enfrentar y derrotar estas prácticas abusivas en las urnas", afirmó Martínez, subrayando el compromiso del PLD con la victoria en las próximas elecciones para el bienestar de la comunidad dominicana en todos sus rincones.
La preocupación surge tras las denuncias presentadas por el PLD ante la Junta Central Electoral, respaldadas por evidencias fotográficas y documentales, que señalan a varias instituciones gubernamentales de manipular programas de asistencia social y organizar inauguraciones con fines electorales. Esta situación ha llevado al Bloque de Diputados del PLD a solicitar la intervención de la Procuraduría Especializada Contra Delitos Electorales, exigiendo una investigación exhaustiva y acciones concretas contra el presunto uso partidista de los recursos estatales.
La Junta Central Electoral, ante estas alegaciones, ha prometido iniciar una investigación rigurosa para determinar la veracidad de las acusaciones y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley. Este anuncio se produce en un momento crítico, justo antes de los comicios municipales del 18 de febrero, elevando la tensión entre los partidos y poniendo a prueba la integridad del sistema electoral dominicano.
La insistencia de Martínez en que la JCE tome cartas en el asunto refleja la urgencia de garantizar un proceso electoral justo y transparente, libre de la influencia indebida del poder estatal. Con el panorama político actual, la respuesta de las autoridades electorales será determinante para la confianza en el proceso democrático y la legitimidad de sus resultados.
