Seguimos reactivos y medalaganarios. Recordamos a Santa Barbara cuando truena y el agua asoma, fruto del inveterado vicio de aplazarlo todo.
Ante la denuncia o el escándalo, la defensa absurda o el desmentido alegre, hasta que baja la marea y “hasta la próxima, baby”, remedo de Arnold, el Terminator. Un tema tumba a otro, razonan irresponsablemente.
Celebramos ser el primer país en el Caribe y segundo en América Latina en turismo de salud, pero el Estado rehúye una eficiente regulación, en un negocio de cerca de 20 mil millones de pesos al año. Se suman gastos médicos y otros conexos.
En el ámbito estético, los procedimientos superan los 40 mil y la mayoría incluye “TLC” (evito la descripción para que no me censuren), en una orgía de grasas que solicita la paciente que desea verse “muñeca” y que autoriza un irresponsable médico (muchos no alcanzan tal condición), que solo piensa en número$. (“La que no muere queda preciosa”, solíamos decir en el Hoy Mismo de principios de siglo al referirnos a un diestro cirujano, que aplicaba un ritmo de factoría en su negocio).
Desde la muerte de la puertorriqueña Jacqueline Román González el año pasado, las autoridades ni las sociedades médicas se habían referido el tema hasta que el jueves último los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtiera sobre 93 muertes estadounidenses entre 2009 y 2023, vinculadas a procedimientos estéticos.
“Infórmese sobre quién le practicará la operación, las credenciales que tiene de esa persona; si las instalaciones son apropiadas para realizar la operación y proporcionar atención postoperatoria adecuada, lo cual es crucial”, recomienda el informe.
Exactamente lo mismo que en los medios de comunicación sugerimos a mujeres que apuran cambios físicos múltiples y que solo reparan en los precios de oferta de los tablajeros, algunos simples esteticistas y con oficinas o cuartuchos sin las mínimas condiciones para las intervenciones.
Además, en el caso de las dominicanas, que asuman las recomendaciones médicas de dieta previa, contrario a la jartura última, en el fin de semana previo a la operación, que va siempre acompañada de una parranda con mucho ron y poco sueño. Combinación letal.
Hay una responsabilidad compartida de médicos, matasanos y pacientes con frecuencia ignorada por los actores, que incluye un postoperatorio siempre subvertido o ignorado. Un regreso rápido a los países de residencia de mujeres que usaron parte del tiempo como “vacaciones” y médicos ambiciosos que prefieren rentabilizar el tiempo de seguimiento en otros procedimientos.
El caso más grave es la displicencia de la autoridad, ya que el ciudadano presume o debe presumir que los centros y los médicos estarían validados por el Estado.
¿Cuántos centros han sido habilitados o deshabilitados en el período trágico señalado por los norteamericanos? (Al 2023, los medios locales sumaban más de treinta las víctimas del bisturí en 12 años).
En agosto último, el doctor Juan Gerard Mesa, director de Habilitación del ministerio de Salud Pública admitía que solo doce centros estaban habilitados para cirugías plásticas y que otros ocho estaban en proceso de renovación de licencias. ¡Y 40 mil intervenciones al año! La virgencita protege a miles de insatisfechas físicas.
¿Es tan difícil hacer cumplir la ley para proteger vidas, el turismo de salud en sentido general y la imagen de los profesionales dominicanos y del país?
¿Qué más podrían hacer las sociedades de cirujanos plásticos y el siempre activo Colegio Médico?
¿Dejarán el problema a los programas de investigación periodística y a cada inocente mujer, vulnerable y desinformada?
No esperemos otras muertes u otras quejas gringas. Tampoco demos tan sólidos argumentos a nuestros competidores.
