Procuraduría Especializada califica de infundadas las solicitudes de la defensa en el juicio por corrupción administrativa
SANTO DOMINGO, República Dominicana: El Ministerio Público desestimó como "vana y sin fundamento" la solicitud de nulidad de la acusación presentada por las defensas de Juan Alexis Medina Sánchez y sus coimputados en el caso de corrupción administrativa. Según la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), esta petición no se alinea con las normativas procesales establecidas.
Ortiz, con 18 años de experiencia en el Ministerio Público, expresó su sorpresa y rechazo a la petición de los abogados defensores, quienes argumentaron la necesidad de anular la acusación por motivos que, según la procuradora, carecen de base legal. “No he visto jamás que un juez haya anulado una acusación, y mucho menos por los motivos que ellos expresan”, enfatizó.
En el juicio, que se lleva a cabo en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público sostiene su confianza en obtener sentencias ejemplares. Ortiz subrayó que la estrategia de la defensa parece orientada a evitar el análisis del fondo del caso.
La audiencia, prevista para continuar este miércoles, fue postergada hasta el próximo 31 de enero debido a problemas de salud de uno de los acusados, Fernando Rosa. Este contratiempo, relacionado con la salud del imputado, llevó a las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto a tomar la decisión de suspender temporalmente el juicio.
En el centro del caso se encuentra la figura de Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, acusado de liderar una red de corrupción que incluye delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, lavado de activos, entre otros. La acusación detalla cómo Medina Sánchez, aprovechando su vínculo familiar, se adjudicó fraudulentamente obras, bienes y servicios del Estado, operando bajo lo que la fiscalía describe como criminalidad organizada.
El proceso judicial sigue en curso, generando una expectativa pública considerable, dada la magnitud de los cargos y la prominencia de los implicados.
