Según la acusación, 78 equipos del CNE por 30,3 millones de dólares fueron malversados para fines estrictamente privados y personales.
Domingo, 14 de enero del 2024.- Varios exfuncionarios de Haití, incluyendo el ex primer ministro Jacques Guy Lafontant, exministros como Wilson Laleau y Marie Carmelle Jean Marie, así como el exsenador Rony Célestin, enfrentan este sábado una orden de arresto por un presunto delito de corrupción relacionado con el Centro Nacional de Equipamiento (CNE).
La medida ha sido tomada después de que los mencionados desoyeron la citación del juez de instrucción Al Duniel Dimanche encargado del caso, recoge Prensa Latina
El juez ha solicitado a la Dirección Central de la Policía Judicial el arresto de los implicados, dejando claro su compromiso con la investigación sobre lo ocurrido en el CNE.
El escándalo surgió tras la publicación de informes de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC), que revelaron una pérdida de aproximadamente cuatro mil millones de gourdes (30,3 millones de dólares) para el Estado debido a actos considerados ilegales.
Según la ULCC, 78 equipos del CNE fueron malversados por diversas personalidades políticas y parlamentarias, utilizándolos para fines estrictamente privados y personales.
La orden de arresto refleja el compromiso del juez de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia en un esfuerzo por combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas.
La unidad recomendó acciones legales por apropiación indebida de propiedad estatal.
La investigación se centra en el proyecto gubernamental "Caravana de Cambio", impulsado por el fallecido presidente Jovenel Moïse.
Equipamientos asignados al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, al Centro Nacional de Gestión de Residuos Sólidos y al CNE fueron objeto de malversación.
Según el informe, al menos 78 de estos artefactos no están actualmente bajo control del CNE, y otros han sido destruidos.
La orden de arresto refleja el compromiso del juez de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia en un esfuerzo por combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas.
