El Ministerio Público solicita variación de medida de coerción para el imputado Julio Camilo de los Santos Viola por incumplimiento
Santo Domingo, 24 de noviembre de 2023.- La magistrada Gisselle Méndez, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ha rechazado la solicitud de variación de medida de coerción presentada por la defensa del general Julio de los Santos Viola, así como también la solicitud de revisión de medida de coerción realizada por la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, ambos acusados por el Ministerio Público en el caso Coral/Coral5G.
En mayo del año 2023, los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional cambiaron la prisión preventiva del general De los Santos Viola por medidas menos gravosas, como arresto domiciliario, impedimento de salida del país y el uso de un localizador electrónico.
La solicitud del Ministerio Público para variar el arresto domiciliario de De los Santos Viola a prisión preventiva se basa en su presunto incumplimiento al salir de su domicilio sin autorización judicial. La magistrada Méndez afirmó que aún persiste el peligro de fuga en torno a De los Santos Viola, manteniendo así el arresto domiciliario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó evidencia que respalda la afirmación de que De los Santos Viola abandonó el lugar designado para cumplir su arresto domiciliario.
La defensa del imputado también solicitó la revisión de medida de coerción para el mayor general Adán Cáceres Silvestre, pero la magistrada Méndez rechazó la solicitud al no presentarse nuevos documentos ni cambios en las condiciones.
El órgano acusador estuvo representado por el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, Miguel Collado, Jonathan Elías Pérez, Arolin Lemos y Emmanuel Ramírez.
El caso Coral/Coral5G involucra a 48 personas, 30 físicas y 18 jurídicas, acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
Las medidas de coerción incluyen prisión preventiva por 18 meses para los acusados, quienes operaron en perjuicio del Cusep, el Cestur y el Conani, cometiendo delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, falsificación de documentos públicos y lavado de activos, entre otros.
