El emplazamiento de Laura Acosta tiene que ver con la usurpación de la propiedad de las familias Mayol y Serrano.
Santo Domingo, 20 de noviembre de 2023.-La Abogada, Laura Acosta, ha emplazado al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que el Pleno de dicho organismo decida sobre la recusación de 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La jurista quien fuera representante del Estado en la recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas, y enfrenta junto a otros abogados a la misma gente por la usurpación de la propiedad de las familias Mayol y Serrano.
Acosta insta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Luis Henry Molina, a que el Pleno del organismo resuelva la referida recusación, Este recurso, presentado por la sociedad Global Multibusiness Corporation, busca obstaculizar la apelación relacionada con la exclusión de las verdaderas víctimas: Hilari Mayo, Mayol & Compañía, Okra Company y Grand Cays.
En una intervención en el programa "Cada Más Cerca con Kalil desde la Z" de Z 101.3 FM, Laura Acosta critica la demora en la decisión de la recusación y la lentitud general del sistema judicial.
Destaca la importancia de resolver estos casos de manera expedita, especialmente cuando se involucra a personas de importancia social y se afecta el derecho de propiedad.
Laura Acosta critica la demora en la decisión de la recusación y la lentitud general del sistema judicial.
Acosta señala la posible complicidad de la justicia en la dilación de procesos y critica la falta de prontitud en la resolución de recusaciones, que deberían ser falladas en tres días pero a menudo se extienden por meses.
También destaca la necesidad de entender las consecuencias de los errores judiciales y la mora, señalando que la seguridad jurídica es fundamental para la inversión y el desarrollo.
La abogada menciona la reiterada conducta de la Global Multibusiness Corporation, involucrada en casos anteriores como Bahía de las Águilas, y destaca la falta de consecuencias para esta empresa.
También expone la situación del registro mercantil y la aceptación de asambleas supuestamente realizadas hace 40 años, enfatizando la necesidad de exigir responsabilidad a la justicia.
En relación con el caso en cuestión, Acosta detalla la complejidad del fraude detectado en 2013, donde las familias Mayol y Serrano descubrieron que su empresa estaba registrada a nombre de otra persona.
Se destaca la presentación de un acta de defunción y la venta de acciones realizada incluso después de la muerte de la persona involucrada. Acosta enfatiza la necesidad de una justicia más eficiente y consecuente para garantizar la seguridad jurídica en el país.
