Por Arismendi Díaz Santana
Con el presupuesto actual, el Servicio Nacional de Salud (SNS) podría triplicar la cantidad de servicios médicos y duplicar los pagos al personal de salud, reduciendo la privatización y el gasto familiar de bolsillo
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) comparte plenamente el lema ¡En salud, primero la gente! del Plan Estratégico Nacional 2030. Bajo el entendido de que ello significa subordinar los intereses de todos los demás actores, sin excepción, a fin de asignar la máxima prioridad a la calidad y oportunidad de los servicios de salud.
El PLANDES tiene el mérito de revelar que “El 55.0% de las personas entrevistadas indicaron estar poco satisfechas, muy poco satisfechas o nada satisfechas con la calidad de los servicios públicos. En el caso de los servicios privados fue lo opuesto, el 55.0% dijo estar muy satisfecho o satisfecho con la calidad de los servicios”.
Desde la perspectiva de “primero la gente” este diagnóstico no puede señalarse y luego ser tratado como un dato más. Todo lo contrario, su importancia obliga a preguntarnos, ¿por qué la mayoría de la población prefiere una medicina privada cara, antes que una atención pública “gratuita”? ¿Qué hacer para revertir estos resultados?
Dado que la gran mayoría de los médicos especialistas trabaja en el sector público y en el privado, no hay que ser un experto para entender que, básicamente, la diferencia reside en la modalidad de contratación de los recursos humanos y en la forma de asignación de los recursos a los centros de salud.
En el sector público los salarios son fijos y se establecen sin importar la dedicación ni los servicios prestados, fomentando la politización, el clientelismo, el ausentismo, los paros, el trato desconsiderado, y la mediocridad. En cambio, como en la práctica privada los ingresos dependen directamente de la cantidad de pacientes atendidos, el médico está obligado a elevar la calidad, oportunidad, continuidad y el tratamiento considerado, para asegurar una mayor afluencia de pacientes.
El pago fijo e independiente de las preferencias de la gente relega al afiliado a una relación subordinada y defensiva. En cambio, el ingreso por servicio le garantiza la libre elección con capacidad directa de asignar los recursos, elevando su autoestima y situándolo más al centro del proceso.
El PLANDES tiene el mérito de revelar que “El 55.0% de las personas entrevistadas indicaron estar poco satisfechas, muy poco satisfechas o nada satisfechas con la calidad de los servicios públicos. En el caso de los servicios privados fue lo opuesto, el 55.0% dijo estar muy satisfecho o satisfecho con la calidad de los servicios”.
La asignación de los recursos a los hospitales consiste en un presupuesto fijo, con lo cual no se estimula la conquista ni la permanencia de los pacientes, con una jornada limitada, incumplimiento, paros frecuentes y limitada eficiencia.
En este presupuesto lo primero se asegura son el pago de los salarios y las compras a los proveedores favoritos, destinando los recursos sobrantes a prestar los servicios de la población más pobre y vulnerable. Siempre existen recursos para pagar una nómina hipertrofiada, y pocas veces para garantizar suficientes medicinas e insumos y para el mantenimiento regular de la infraestructura.
Dado que los ingresos provienen de la cantidad de pacientes atendidos y que operan en condiciones de relativa competencia, las clínicas privadas necesitan elevar la calidad y el trato para asegurar una mayor clientela, ofertando horarios extendidos, sin interrupciones, suministros asegurados y mantenimiento regular. En realidad, su eficiencia es relativa, ya que basta con superar las limitaciones públicas señaladas. Ningún sistema es perfecto.
El Art. 173 de la Ley 87-01 elimina el clientelismo y el despilfarro
Estas distorsiones se deben al incumplimiento del Art. 173 de la Ley de Seguridad Social que establece un pago mixto: un salario base fijo, más ingresos crecientes por la dedicación y los resultados obtenidos. Esta combinación garantiza seguridad y productividad, eliminando la politización, el clientelismo y el despilfarro.
El objetivo es compatibilizar una atención pública de mayor calidad y oportunidad con mayores ingresos para los médicos. Con el presupuesto actual, el Servicio Nacional de Salud (SNS) podría triplicar la cantidad de servicios y duplicar los pagos al personal de salud. Y, además, reducir la privatización y el gasto de bolsillo.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) insiste en que, mientras la asignación de los recursos responda más a las presiones e intereses de los gremios y proveedores que, a las necesidades de la gente, la insatisfacción popular crecerá, acentuando la privatización y el gasto familiar de bolsillo.
Las deficiencias públicas están generando una creciente privatización y un gasto familiar de bolsillo del 43% del gasto nacional en salud, un nivel inaceptable para un país con un crecimiento sostenido y con un 98% de afiliación al Seguro Familiar de Salud (SFS).
Dado que la salud es un derecho humano fundamental y un pilar del desarrollo económico y social, nuestra Fundación hace un llamado a las autoridades nacionales y sectoriales, a las organizaciones de empleadores y trabajadores, a la opinión pública y a los profesionales en general, a prestarle la debida atención y a formular propuestas viables para revertir esta lamentable e insostenible situación. ADS/509/26/10/2023
