Dice que continuará su lucha contra la corrupción en Caso Calamar"
SANTO DOMINGO (República Dominicana) – El Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción en el caso Calamar. Este jueves, los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tomaron la decisión de variar la medida de coerción al exministro de Hacienda (2016-2020), Ángel Donald Guerrero Ortiz, uno de los principales implicados en hechos de corrupción administrativa en este proceso.
El fiscal Arolin Lemos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que el Ministerio Público seguirá trabajando incansablemente para presentar una acusación sólida, como lo ha hecho en el pasado. Lemos afirmó esto en una rueda de prensa tras la decisión del tribunal.
La variación de la prisión preventiva incluye la presentación de una garantía económica de RD$5 millones a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el órgano investigador. A pesar de esta decisión, el Ministerio Público mantiene su enfoque en la persecución de los delitos de corrupción, reconociendo la trascendencia que esto tiene para la sociedad dominicana.
Los jueces de la Corte de Apelación, Doris Pujols (presidenta de la sala), Rafael Báez e Indhira Montás, tomaron en cuenta el recurso de la defensa del imputado para variar la prisión preventiva de 18 meses que le había sido impuesta anteriormente. Donald Guerrero solicitó la revocación de la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que ratificó su prisión preventiva en relación a los hechos de corrupción por los que está siendo procesado.
El Ministerio Público sostiene que el exministro encabezaba una red vinculada a la Operación Calamar que operaba ilegalmente, gestionando expropiaciones irregulares de terrenos, cobros ilegales a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecostos. Además, desde instituciones gubernamentales como el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, y otras, se gestionaban pagos de deudas públicas relacionadas con expropiaciones irregulares de terrenos.
Este caso también involucra a otros exfuncionarios, incluyendo a los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, entre otros.
La audiencia contó con la representación del órgano persecutor a cargo de la procuradora adjunta y directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, así como los procuradores fiscales Arolin Lemos y Elvira Rodríguez. El Ministerio Público continúa su labor incansable en busca de justicia y transparencia en este caso que ha conmocionado a la sociedad dominicana
