Abreu afirmó que, incluso en el marco de declaratorias de emergencia, se deben aplicar sanciones a los funcionarios y proveedores que incumplan las normativas legales
Un excoordinador de Participación Ciudadana y miembro de las comisiones de Transparencia y Análisis Político, destacó la tendencia de los políticos a aprovechar cualquier modalidad o "brecha" para evadir los lineamientos de la ley de Compras y Contrataciones públicas, especialmente en situaciones de emergencia nacional.
Joseph Abreu, en declaraciones al programa "Toda la Verdad" conducido por Julio César de la Rosa en VTV Canal 32, dijo que aprovechan la declaratoria de emergencia para violar la Ley 340-06.
Abreu hizo referencia a un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre contrataciones públicas, que reveló que casi el 40% de las modalidades de contrataciones se realizaron mediante mecanismos de excepción.
Señaló que la declaratoria de urgencia es una de las modalidades ampliamente utilizadas, permitiendo a las instituciones justificar procesos de compra de excepción bajo situaciones que podrían haber sido planificadas adecuadamente.
El experto enfatizó que la política a menudo se basa en mecanismos clientelares para llegar al poder, generando compromisos que se traducen en actos de corrupción. Citó casos como el "Antipulpo", donde empresas que aportaron significativamente a campañas electorales fueron beneficiadas con contratos públicos.
El excoordinador de Participación Ciudadana expresó su preocupación por la falta de aplicación de sanciones, especialmente a funcionarios involucrados en procesos de compras y contrataciones públicas.
Abreu expresó su preocupación por la falta de aplicación de sanciones, especialmente a funcionarios involucrados en procesos de compras y contrataciones públicas. Afirmó que, incluso en el marco de declaratorias de emergencia, se deben aplicar sanciones a los funcionarios y proveedores que incumplan las normativas legales.
El consultor, con más de 18 años de experiencia en consultoría y asesoría contable y fiscal, destacó la importancia de cumplir con los principios establecidos en la ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06), tales como la transparencia, competencia y publicidad.
Enfatizó que, después de procesos de contratación por emergencia, las instituciones tienen la obligación de elaborar informes detallados y remitirlos a la Contraloría de la República y a la Cámara de Cuentas, describiendo cómo se ejecutaron los procesos y qué se contrató.
Abreu aboga por una aplicación más estricta de la ley para garantizar la integridad y transparencia en las adquisiciones públicas.
