La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, depositó el expediente en el Juzgado de la Instrucción.
LA VEGA, República Dominicana – La Fiscalía de La Vega presentó hoy una acusación formal contra los propietarios del edificio de Multi Muebles, cuyo derrumbe en enero de este año resultó en una muerte y múltiples heridos. Los implicados, Jesús María Sánchez Lantigua, Jorge Alberto Rosario Marte y la empresa R & S Multi Muebles, S.R.L., enfrentan cargos graves que podrían llevar a un juicio penal.
Un drama evitable
El Ministerio Público establece que el 18 de enero de 2023, aproximadamente a las 12:05 de la tarde, ocurrió el fatídico colapso. El edificio, ubicado en el corazón de La Vega, se vino abajo durante trabajos de demolición y remodelación estructural.
“Los acusados actuaron imprudentemente, sin seguir las normativas que regulan el sector de la construcción”, asevera la Fiscalía. Las autoridades recalcan que si se hubieran seguido los protocolos de seguridad, el desastre podría haberse evitado.
Vulnerabilidades Institucionales
Tanto el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) como el Departamento de Planeamiento Urbano de La Vega, certificaron que la empresa no tenía autorización para llevar a cabo dichos trabajos. La violación de múltiples leyes y decretos pone de manifiesto lagunas significativas en la fiscalización y control de obras en el país.
Consecuencias Humanas
La acusación destaca que una de las empleadas, Yasiris Joaquín de Jesús, perdió la vida mientras que Jessica Bueno Reinoso, Madelyn Mercedes Abreu Brito y María Arielina Hernández de Paredes resultaron heridas, algunas de gravedad.
“El Ministerio Público actuará en nombre de la acción pública, aun cuando las víctimas han optado por no participar en el proceso”, resaltó la fiscal Aura Luz García Martínez.
Próximos Pasos
El Ministerio Público ha solicitado que la audiencia preliminar se fije en un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte días, según lo establecido en el artículo 298 del Código Procesal Penal.
La sociedad espera con impaciencia el desenlace judicial de este caso que ha reavivado el debate sobre la seguridad en la construcción y la responsabilidad empresarial en la República Dominicana.
