El procedimiento es aplicable a alguaciles de estrado, ordinarios, intérpretes judiciales, venduteros públicos y agrimensores habilitados como oficiales públicos
En un importante paso hacia una justicia más transparente y confiable, el Consejo del Poder Judicial ha introducido el Reglamento Disciplinario destinado a regular las acciones disciplinarias en relación con los oficiales públicos.
El reglamento establece los principios que deben guiar el proceso de acciones disciplinarias en conformidad con la Constitución de la República, leyes y normativas complementarias.
La resolución número 02-2023 regula el procedimiento disciplinario sancionador aplicable a alguaciles de estrado, ordinarios, intérpretes judiciales, venduteros públicos y agrimensores habilitados como oficiales públicos, en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 5, 25 y 116 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario.
En la inauguración de este reglamento, Octavia Fernández, miembro del Consejo del Poder Judicial, destacó su importancia al subrayar el compromiso del Consejo de asegurar que todos los procedimientos jurídicos y administrativos se realicen respetando el debido proceso.
El Inspector General del Poder Judicial, Jacinto Castillo, enfatizó que los oficiales públicos son elementos fundamentales en el sistema judicial, ya que a través de ellos se citan a las partes, se realizan traducciones al español, se identifican y delimitan propiedades, y se llevan a cabo otras funciones esenciales.
Durante el evento también estuvieron presentes la consejera Bionni Zayas Ledesma, la doctora Gervasia Valenzuela, Secretaria General del CPJ, la magistrada María Antonia Díez García, jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, España y consejera residente del proyecto Twinning, junto con representantes de asociaciones de alguaciles, oficiales públicos e intérpretes judiciales.
Los oficiales públicos son elementos fundamentales en el sistema judicial, ya que a través de ellos se citan a las partes, se realizan traducciones al español, se identifican y delimitan propiedades, y se llevan a cabo otras funciones esenciales.
El reglamento establece que las acciones disciplinarias tienen como objetivo garantizar la efectividad de las normas y principios establecidos en la Constitución y la ley para el ejercicio de la función pública, imponiendo sanciones legales a quienes cometan irregularidades o faltas.
El proceso de investigación de un oficial público puede ser iniciado por denuncia de cualquier persona, autoridad o institución. La Inspectoría General del Consejo es responsable de investigar estas denuncias y, en caso de ser necesario, proporcionar la información y pruebas al Ministerio Público para posibles investigaciones penales.
El reglamento brinda a los oficiales públicos la oportunidad de comparecer ante la Inspectoría General en caso de ser denunciados públicamente por una falta disciplinaria. Además, establece plazos para la investigación y conclusión del caso, promoviendo un proceso objetivo y transparente.
Este reglamento es una parte integral de la estrategia "Justicia al Día" del Poder Judicial, que busca promover la transparencia y la integridad en el sistema judicial, fortaleciendo la confianza de la sociedad en la administración de justicia.
