Según el Ministerio Público las pruebas presentadas respaldan las acusaciones contra estructura criminal
Varios de los imputados en la red delictiva desmantelada por la Operación Discovery 2.0, admitieron provisionalmente los cargos presentados por el Ministerio Público y se mostraron dispuestos a colaborar con la investigación.
Así quedó establecido durante la audiencia de medidas de coerción llevada a cabo el viernes, la imputación formulada por el Ministerio Público contra 25 de los procesados por la referida red delictiva.
El Ministerio Público solicitó al juez la prisión preventiva para 18 de los imputados y medidas como garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país para aquellos que admitieron los cargos.
Los procesados enfrentan cargos relacionados con delitos electrónicos como estafa, intimidación y usurpación de identidad.
El Ministerio Público indicó que la acusación se mantuvo firmemente respaldada por pruebas irrefutables.
El magistrado José Rafael D’ Asís, juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, presidió la audiencia en la que los procuradores de Corte Iván Féliz Vargas y Sourelly Jáquez Vialet, junto con los fiscales Warlyn Alberto Tavárez y Juan Elías Pérez, representaron al Ministerio Público en la audiencia.
Jáquez resaltó que, en lugar de impugnar las pruebas periciales tecnológicas presentadas, los abogados de los imputados solo ofrecieron presupuestos.
La procuradora de Corte, Sourelly Jáquez Vialet, destacó la robustez de la investigación del Ministerio Público, que se fortaleció aún más debido a la fragilidad de las argumentaciones presentadas por la defensa. Jáquez resaltó que, en lugar de impugnar las pruebas periciales tecnológicas presentadas, los abogados de los imputados solo ofrecieron presupuestos.
Entre las pruebas presentadas por el MP se encuentran grabaciones de llamadas telefónicas que capturan a los imputados cometiendo estafas y simulando ser nietos de personas mayores.
La procuradora subrayó que los abogados de los imputados no presentaron pruebas de arraigo laboral, lo que sugiere que se dedican a actividades fraudulentas, lo que refuerza la posición del Ministerio Público en la audiencia.
El Ministerio Público reafirmó ante el tribunal la necesidad de que la prisión preventiva sea la medida disuasiva para prevenir que los imputados repitan sus acciones delictivas en las calles.
Además, reiteraron la solicitud para que el proceso sea declarado de tramitación compleja. La Operación Discovery 2.0 sigue desenmascarando los delitos electrónicos y buscando el enjuiciamiento de los responsables.
