El condenado logró la muerte de uno y dejó malherido al segundo dejandolo por muerto
Un tribunal de Santiago ha evacuado una sentencia contra un individuo que planificó varios asesinatos para ser ejecutados en distintos escenarios, en un mismo día logrando su objetivo con una de las víctimas y dejando malherido a un segundo en hechos registrados en la referida provincia.
El Primer Tribunal Colegiado de Santiago acogió como válida la acusación del Ministerio Público contra Ernesto Antonio Sosa Santos y lo condenó a 30 años de reclusión mayor.
La fiscal del Ministerio Público, Jenniffer Rodríguez demostro que Sosa Santos cometio asesinato en perjuicio de la víctima Jean Carlos Vargas Fernández, a quien vigiló y mató en el interior de su vivienda, en el municipio Puñal, al inferirle numerosas estocadas con un arma blanca.
La Fiscalía también le indilgó, al acusado la tentativa de asesinato en perjuicio de la víctima Anthony Noesí Lazala, a quien hirió de varios disparos.
Los hechos ocurrieron el 25 de mayo del año 2020 cuando el acusado, tras matar a Vargas Fernández, abordó su vehículo un Kia Sorento, color rojo y pasó a recoger a su segunda víctima, Noesí Lazala, quien se encontraba en su casa.
Luego de cometer los crímenes, el acusado se presentó al Comando Regional Cibao Central de la Policía donde confesó los hechos
El pretexto del acusado, para sacar a Lazala de su casa, era que este lo acompañara para supuestamente comprar una carne, pero en el camino el acusado pidió que pasaran primero a llevar un dinero donde una tía que reside en la comunidad en Don Pedro. El procesado buscaba llevar a la víctima a una zona apartada donde pudiera quitarle la vida sin ser visto.
Antes de llevarle a la zona apartada, pasó a comprar municiones para el revólver Smith and Wesson, calibre 32, con el que luego de ordenarle salir del vehículo le disparó y le dejó abandonado, creyéndole muerto.
El tribunal halló suficiencia probatoria en el conjunto de elementos materiales, documentales, periciales y testimoniales, presentados como evidencia por el Ministerio Público e impuso la pena privativa de libertad.
Además, ordenó el pago de una indemnización de 10 millones de pesos en favor de las víctimas y querellantes.
Luego de cometer los crímenes, el acusado se presentó al Comando Regional Cibao Central de la Policía donde confesó los hechos tras lo cual fue sometido al escrutinio judicial por el Ministerio Público.
