Buscan que a los empleados de carrera administrativa se les protejan sus beneficios laborales al presentar una dimisión justificada ante la institución que viole sus derechos.
Un abogado ha presentado una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 41-08 de Administración Pública, con el argumento de que dicha ley no incluye la figura de la dimisión justificada, lo cual viola los artículos 62, 69 y 73 de la Constitución.
Oliver Batia Burgos explica que las instituciones públicas tienen la facultad legal de desvincular a los servidores públicos de la carrera administrativa que infrinjan la referida normativa pública.
Sin embargo señaló que cuando son los órganos del Estado los que incumplen la ley en perjuicio de los trabajadores, estos no tienen acceso a un debido proceso o tutela judicial efectiva que les permita renunciar de forma justificada sin renunciar a sus beneficios laborales acumulados.
El abogado destaca que a pesar de las múltiples violaciones a los derechos fundamentales de los servidores públicos en la administración pública, no existe una figura que les permita ser desvinculados de la institución sin renunciar a sus derechos adquiridos.
Por otro lado, la Ley 41-08, en su artículo 87, permite que las instituciones del Estado desvinculen justificadamente a los servidores públicos de la carrera administrativa, lo cual va en contra de lo establecido en el Artículo 73 de la Constitución, que garantiza el derecho a la igualdad.
Mientras un servidor público puede ser desvinculado perdiendo sus beneficios laborales acumulados, no existe otro mecanismo que les permita escapar de una falta eventual cometida en su contra, aparte de los recursos jerárquicos y superiores.
La acción de inconstitucionalidad argumenta que la Ley 41-08 no protege adecuadamente los derechos de los trabajadores, tal como se establece en el Artículo 62 de la Constitución. Mientras un servidor público puede ser desvinculado perdiendo sus beneficios laborales acumulados, no existe otro mecanismo que les permita escapar de una falta eventual cometida en su contra, aparte de los recursos jerárquicos y superiores.
El objetivo de esta acción ante el Tribunal Constitucional es asegurar que los servidores públicos de la carrera administrativa tengan un debido proceso para proteger sus beneficios laborales al presentar una dimisión justificada ante la institución que viole sus derechos.
La acción sometida al TC se propone que el Ministerio de Administración Pública actúe como receptor de dicha dimisión, de manera similar a como lo hace el Ministerio de Trabajo en los casos de dimisión de los trabajadores del sector privado.
Se destaca que el código de trabajo contempla la figura de la dimisión, que permite a un trabajador rescindir su contrato laboral de manera unilateral sin perder sus prestaciones. Sin embargo, esta dimisión es justificada si el trabajador demuestra una violación por parte del empleador.
Además, existen alternativas como el desahucio y el mutuo acuerdo entre las partes, lo que establece un equilibrio entre empleado y empleador. Estas garantías no están presentes en la Ley 41-08.
