Deciden prisión preventiva al hombre y domiciliaria a la mujer cabecillas de red de trata de personas hacia Francia
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha impuesto medidas de coerción a la pareja de esposos arrestada durante la operación conjunta entre la República Dominicana y Francia que llevó al desmantelamiento de una red de trata y tráfico de personas dirigida desde territorio dominicano y que lograba obtener beneficios anuales de al menos dos millones de euros.
José Antonio Tapia Martínez fue enviado a prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago, mientras que su pareja, Evelyn Jiménez Carela, recibió arresto domiciliario.
Los jueces Francisco Pérez Mena, Pedro Sánchez y Fran Soto impusieron estas medidas de coerción y programaron una audiencia para el 8 de agosto, a las 12:00 del mediodía, para tratar el fondo de la extradición de la pareja a Francia, país que ha solicitado su extradición.
En el marco de esta operación, también se realizaron arrestos en Francia de los miembros de la red Floricel Miguelina Suero Liranzo y Juan Francisco Monegro Peralta, y se llevaron a cabo otras detenciones en España e Italia, además de República Dominicana y Francia.
Trataran en una próxima audiencia la extradición de la pareja a Francia, país que ha solicitado su extradición.
Durante las investigaciones, que comenzaron en mayo del año pasado, se descubrió que esta red de trata de personas, controlada desde República Dominicana, explotaba a mujeres sudamericanas en diversas ciudades de Francia.
La red publicitaba sus servicios de prostitución en distintos sitios web especializados.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), participó en la operación coordinando los trabajos en Francia.
Bejarán Álvarez explicó que República Dominicana colaboró con personal de tres procuradurías especializadas en la operación.
La red criminal lograba obtener beneficios anuales de al menos dos millones de euros. La investigación contó con la participación de agentes policiales especializados de Francia, Italia y España en República Dominicana.
