La declaración expone que el flujo migratorio masivo de los últimos años proveniente de Haití es insostenible para el país.
El Gobierno de República Dominicana ha respondido a la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, William O’Neill, de que se detengan las repatriaciones de haitianos debido al estado de inseguridad que vive Haití. La Cancillería dominicana ha declarado que el país no puede asumir la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos, ya que República Dominicana es el único país con una frontera terrestre con Haití.
En un comunicado, la Cancillería dominicana ha argumentado que, si bien entienden la preocupación por la situación en Haití, no es justo ni razonable esperar que República Dominicana asuma la carga total de garantizar el bienestar de los haitianos. El gobierno señala que esta es una responsabilidad irrenunciable del Estado haitiano y, en su ausencia, una responsabilidad compartida por la comunidad internacional.
El Gobierno dominicano expone que el flujo migratorio masivo de los últimos años proveniente de Haití es insostenible para el país. En 2022, se deportaron 120.900 extranjeros irregulares, la mayoría de origen haitiano. Estas cifras son inmanejables para una nación del tamaño de República Dominicana y generan conflictos sociales y presiones inaceptables en el presupuesto nacional.
La Cancillería también destaca el impacto en el gasto público de los servicios sociales que se brindan a los migrantes irregulares. Según el Servicio Nacional de Salud (SNS), la proporción de nacimientos de madres haitianas en la red pública ha advertido con considerable en los últimos años. En 2018, representaban el 12,5%, y en 2023 se estima que llegará al 34%. El Gobierno asume el costo de estos servicios, utilizando fondos de los contribuyentes dominicanos.
Además, el Gobierno dominicano hace hincapié en la crisis política, de seguridad y humanitaria que enfrenta Haití. Señala que es necesaria una respuesta inmediata a la solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, de enviar una fuerza internacional de seguridad para combatir el control de las pandillas en la capital haitiana. Considere que esto es fundamental para iniciar un proceso de reconstrucción en el país vecino.
La declaración de la cancillería dominicana también hace referencia a los 19 años de mandato de las Naciones Unidas en Haití, instando a los voceros de la organización a tener cuidado con sus pronunciamientos para evitar promover la migración irregular haitiana como solución. En cambio, sugiere que Naciones Unidas debería redoblar sus esfuerzos para contribuir a restaurar la paz, seguridad y democracia en Haití.
En conclusión, República Dominicana reafirma su posición de tomar decisiones soberanas que mejor se ajustan a su interés nacional, a pesar de la situación interna en Haití. Reconoce el interés de los actores involucrados en ayudar a Haití, pero enfatiza que la legislación dominicana se utilizará de manera óptima.
