El uniformado también enfrenta cargos por tentativa de homicidio en perjuicio del padre del adolescente.
SANTIAGO (República Dominicana).– La Fiscalía de Santiago depositó la acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra el cabo de la Policía Nacional a quien le imputa el homicidio de un adolescente de 11 años de edad, en medio de la celebración del carnaval, el pasado mes de febrero.
El documento acusatorio contiene decenas de pruebas periciales, materiales, otras documentales, testimoniales e ilustrativas contra del agente policial Alejandro Castro Cruz y/o Alejandro Castro de la Cruz, de 30 años de edad.
El cabo de la Policía Nacional enfrenta cargos por homicidio voluntario, en perjuicio del menor de edad, a quien impactó de un balazo en el brazo izquierdo y el tórax, cuando accionó la pistola marca Taurus, 9 milímetros, en medio de un forcejeo.
El uniformado también enfrenta cargos por abuso de autoridad y tentativa de homicidio en perjuicio del padre del adolescente, Anthony Ysauri Martínez.
La investigación del hecho, ocurrido el domingo 12 de febrero del 2023, en la calle Mella, esquina avenida Las Carreras, estuvo a cargo del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, que dirige el procurador de la Corte Gerardo Ponce.
Los detalles de las pesquisas revelaron que el imputado hizo un uso desmedido de la fuerza que le confiere su condición de autoridad, abusando de la misma en perjuicio de la víctima menor de edad, de iniciales D.J.M.T. y de su padre.
Los hechos que se le atribuyen al imputado constituyen una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 186, 2 y 295 del citado código, los cuales tipifican y establecen sanciones contra el abuso de autoridad, así como homicidio voluntario y tentativa de homicidio.
Este órgano acusador plantea en la acusación que lo atribuido a Castro Cruz es un hecho grave en el que el imputado, tras irrumpir en el lugar donde la familia de la víctima celebraba el carnaval, abusando de la autoridad que le confiere la ley, “violentó todos los protocolos de uso de la fuerza”.
En función de los hechos y la calificación jurídica el imputado enfrenta una pena que podría ser de hasta de 20 años.
