La decisión del Departamento de Estado ocurre a pesar de reconocer los esfuerzos significativos que el gobierno ha realizado para abordar este problema
Santo Domingo.–El Departamento de Estados de Estado Unidos mantuvo a la República Dominicana en el nivel de vigilancia 2 en relación con la eliminación de la trata de personas, en su informe del 2023, debido a que considera que el gobierno dominicano no cumple plenamente con los estándares mínimos para combatir esta práctica. A pesar de ello, se reconocen los esfuerzos significativos que el gobierno ha realizado para abordar este problema.
Entre las acciones emprendidas se encuentra la condena de más traficantes, la investigación de dos policías por delitos relacionados con la trata, y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley. Asimismo, el gobierno ha logrado identificar a más víctimas y ha implementado nuevas medidas de protección para los trabajadores domésticos vulnerables.
Sin embargo, el informe señala que el gobierno dominicano no ha demostrado un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período anterior, incluso teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19 en su capacidad para combatir la trata de personas.
Una de las críticas destacadas es que el gobierno no ha evaluado de manera equitativa a las poblaciones vulnerables de inmigrantes o indocumentados, y ha derivado a las víctimas identificadas a servicios en lugar de brindarles justicia en los casos de trata. Además, se menciona que el gobierno ha investigado y procesado a menos traficantes, no ha investigado adecuadamente los casos de trata laboral que involucran a migrantes y niños, y no ha identificado de manera adecuada a las víctimas de trata laboral.
Otras deficiencias señaladas incluyen la falta de adopción de un proyecto de enmiendas a la ley contra la trata que eliminaría el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción en los casos de trata sexual que involucran a niños, la insuficiente financiación de los esfuerzos contra la trata, la falta de capacitación, recursos y tecnología para los funcionarios, especialmente fuera de la capital, y la falta de completar un nuevo Plan de Acción Nacional.
Debido a estas deficiencias, la República Dominicana ha sido degradada al nivel 2 de la Lista de Vigilancia.
El informe también destaca que si bien el gobierno ha mantenido los esfuerzos de enjuiciamiento, ha continuado sin investigar ni enjuiciar adecuadamente los delitos de trata que involucran trabajo forzoso y no ha cooperado con el gobierno de Haití en ningún caso de trata, a pesar de la magnitud de la trata que afecta a ciudadanos haitianos en el país. La legislación dominicana penaliza la trata sexual y la trata laboral.
La Ley sobre el tráfico y la trata de personas de 2003 (Ley 137-03) sanciona todas las formas de trata laboral y algunas formas de trata sexual, imponiendo penas de 15 a 20 años de prisión y multas. Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional, la ley requería demostrar fuerza, fraude o coerción para constituir un delito de trata sexual infantil, lo que significa que no penalizaba todas las formas de trata sexual infantil.
