Eddy Alcántara señaló que los beneficiarios estaban siendo objeto de timación por parte de comerciantes en complicidad con sectores delincuenciales
Un total de 27 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) han sido cerrados por haber cometido fraude con las tarjetas de ayudas sociales que otorga el gobierno a las personas en situación de pobreza.
Alcántara explicó que los establecimientos comerciales que fueron cerrados se encuentran ubicados principalmente en las provincias de San Juan, Santo Domingo, Bahoruco, Barahona, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Distrito Nacional y otras.
Así lo informó el director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, quien explicó que fue el resultado de varios operativos realizados en diferentes puntos del país
El funcionario dijo que estos operativos se llevaron a cabo dando cumplimiento al acuerdo firmado recientemente entre Pro Consumidor y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) para contra malas prácticas comerciales en perjuicio de las personas que se benefician de los programas sociales del Estado.
Alcántara explicó que del 1 de marzo al 2 de abril de 2023, se recibieron por vía de Administradora de Subsidios Sociales denuncias de los beneficiarios del plan de subsidios sociales “referentes al no reconocimiento de los consumos realizados en estos establecimientos”.
Asimismo, el funcionario dijo que según la resolución se pudo evidenciar que desde el primero de diciembre del año 2022 al 28 de febrero de 2023 fueron descontados de forma fraudulenta los montos acreditados por la Administradora de Subsidios Sociales a los denunciantes.
Eddy Alcántara señaló que los beneficiarios estaban siendo objeto de timación por parte de comerciantes en complicidad con sectores delincuenciales, afectando tanto el programa, como los intereses de los consumidores y al propio Estado dominicano.
Dijo finalmente, que los expedientes de los negocios cerrados por malas prácticas comerciales serán remitidos al Ministerio Público para que empiecen las acciones penales correspondientes.
