Solicitan el decomiso de más de 90 bienes muebles e inmuebles que forman parte de las evidencias materiales incautadas a la estructura criminal.
En el marco de la Operación Discovery, el Ministerio Público ha presentado una acusación formal de más de mil 300 páginas contra 46 individuos y cinco empresas. La Fiscalía de Santiago les atribuye ser parte de una red sofisticada de cibercrimen organizado que estafó a miles de ciudadanos estadounidenses y que fue desmantelada recientemente.
El escrito de acusación contiene un extenso cuerpo de pruebas que incluye 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales y una decena de elementos probatorios periciales, así como los testimonios de más de 130 testigos identificados por el Ministerio Público.
La acusación busca demostrar la afiliación de los procesados a la estructura criminal que utilizaba estrategias y métodos como el chantaje, la extorsión sexual y el robo de identidad para despojar a las víctimas de sus recursos.
El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, destacó la fortaleza de las acusaciones en el contexto de la criminalidad trasnacional y resaltó la importancia de culminar con éxito investigaciones novedosas como esta. Además, elogió el extraordinario trabajo realizado por los fiscales investigadores y sus equipos.
Las actividades ilícitas de esta red fueron descubiertas a través del análisis de transacciones, llamadas y datos registrados en los dispositivos electrónicos incautados durante la investigación.
La investigación, que se inició en marzo del año 2022, ha sentado un precedente regional al exponer operaciones de delitos transnacionales.
Ha sido llevada a cabo por el Ministerio Público en coordinación con el Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional, con el soporte técnico de las Procuradurías Especializadas de Antilavado de Activos y de la Procuraduría Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos.
En la acusación, el Ministerio Público solicita el decomiso de más de 90 bienes muebles e inmuebles que constituyen evidencias materiales confiscadas a la estructura criminal.
Entre los imputados se encuentran Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna, Josué de Jesús Marte Monsanto, Mayobanex Braulio Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán y Anabel Adames, entre otros.
También se incluyen las empresas Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL; Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL, y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL.
Los acusados enfrentan cargos penales que van desde violación a los artículos del Código Penal Dominicano relacionados con estafa, extorsión, falsificación de documentos y asociación de malhechores, hasta violaciones de la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley sobre Lavado de Activos.
En cuanto a los delitos adicionales, se acusa a Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña de violar la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en específico los artículos 66 y 70. Se les atribuye el porte ilegal de armas y la distribución de drogas, contraviniendo también los artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Por su parte, Emmanuel Castro Ozuna enfrenta cargos adicionales por violar los artículos 4 letra D, 6 letra A y 75 párrafo 2 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como los artículos 66 párrafo V y 70 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente señala que Víctor Manuel Hernández y Jean Carlos Rosa Vargas también son acusados de violar los artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas por posesión de drogas.
Este caso representa un golpe significativo al cibercrimen organizado y resalta la importancia de la cooperación entre las autoridades locales e internacionales en la lucha contra este tipo de delitos. Se espera que el proceso judicial continúe con el fin de llevar a los acusados ante la justicia y garantizar la reparación a las víctimas afectadas por estas actividades delictivas.
