Roberto Rosario acusa a la fiscal del Distrito Nacional de proteger al fiscal adjunto Manuel de la Cruz Paredes.
La oficina RM Abogados & Consultores ha presentado una solicitud a la procuradora General de la República y presidenta del Consejo Superior del Ministerio Público, doctora Miriam Germán Brito, para que se investigue al procurador Fiscal Adjunto, Manuel de la Cruz Paredes, por violación de propiedad y domicilio, así como abuso de poder junto a un grupo de malhechores.
Roberto Rosario Márquez, Manuel Crespo, Domingo Villanueva y Miguel Emilio Peralta Checo han denunciado que el funcionario judicial llevó a cabo un desalojo, en una acción antijurídica de violación de domicilio, en contra de Moraima Mañón Inirio, en el edificio Don Pedro, apartamento 1D , ubicado en el sector Los Ríos.
Se ha acusado a la procuradora Fiscal de la capital, Rosalba Ramos, de proteger al funcionario, quien está a cargo de la fuerza pública, ya que, a pesar de haber presentado una querella hace dos meses acusándolo de intentar apropiarse del apartamento, aún no han recibido ninguna respuesta.
"Se le imputa a Manuel de la Cruz Paredes, director del Departamento de Ejecuciones Civiles y Auxilios Judiciales del Distrito Nacional, se presentó junto a un grupo de individuos, usando la fuerza, en la vivienda propiedad de la señora Moraima Mañón, sin ningún mandato o título de propiedad que lo autorizara", indicaron.
Los abogados han demandado que, una vez admitida la denuncia, se realice una investigación y se lleve a cabo un juicio disciplinario basado en las pruebas presentadas. Solicitan que la Procuraduría General de la República proceda a destituir al oficial judicial por sus graves faltas en el ejercicio de sus funciones.
Explicaron que el procurador fiscal adjunto y sus acompañantes, el pasado 16 de marzo de este año, rompieron y violaron la cerradura para ingresar al apartamento, en un momento en que su propietaria no se encontró presente, y ella se enteró de la acción a través de llamadas de sus vecinos.
"Esto es una acción inaudita, totalmente contradictoria con el Estado Social y Democrático de Derecho en el que vivimos. Dicho grupo de individuos, dirigido por el procurador Fiscal Adjunto, actuó sin la presencia ni la autorización de un juez competente, violó la propiedad y llevó a cabo lo que ellos denominaron una acción de desalojo en perjuicio de Moraima Mañón”, expuso.
Los abogados acusan al procurador Fiscal Adjunto de cometer faltas graves al violar los derechos fundamentales durante el proceso de desalojo y lanzamiento del domicilio y propiedad, así como por la apertura violenta del apartamento propiedad de la señora Moraima Mañón.
