El imputado enfrenta cargos por robo agravado con el uso de alta tecnología
La Fiscalía de Santiago ha solicitado prisión preventiva contra un exempleado del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) acusado de robar casi tres millones en combustibles utilizando una tarjeta asignada para sustraer los fondos.
Por el delito el imputado, Fredely Rafael Almonte Abreu, enfrenta cargos por robo agravado con el uso de alta tecnología.
La solicitud de medida indica que Almonte Abreu recibió una tarjeta de combustible para realizar labores de la institución como soporte y asistente técnico de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) del Inaipi.
Almonte Abreu dejaba la tarjeta en poder de un operador de la estación de combustibles, quien la pasaba a lo largo del día y le entregaba el efectivo.
El informe de la PGR indica que la tarjeta asignada a Almonte Abreu tenía un balance mensual de RD$3,600 pesos y se utilizaba para traslados a diferentes centros del Cibao.
Sin embargo, Almonte Abreu dejaba la tarjeta en poder de un operador de la estación de combustibles, quien la pasaba a lo largo del día y le entregaba el efectivo.
Además, el imputado se presentaba en la estación con diferentes personas a las que abastecía de combustible utilizando la tarjeta.
La Fiscalía tiene en su poder informes que evidencian que Almonte Abreu se presentaba en la estación de combustible a bordo de un vehículo que no pertenecía a la flotilla vehicular del Inaipi para consumir el combustible. Con estas maniobras, sustrajo un monto de RD$2,966,259.95.
El imputado se presentaba en la estación con diferentes personas a las que abastecía de combustible utilizando la tarjeta.
El Departamento de Investigaciones de Crímenes de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional levantó imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de combustibles que muestran a Almonte Abreu en sus acciones fraudulentas.
La Fiscalía presenta cargos contra Almonte Abreu por violación prevista y sancionada en los artículos 379, 386-3, del Código Penal Dominicano y el artículo 13 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Dicha ley castiga el robo agravado con el uso de alta tecnología, en este caso en perjuicio del Inaipi, por lo que la prisión preventiva se solicita como medida de coerción.
