El Ministerio Público puede demostrar que la operación podría ser considerada un caso de criminalidad organizada.
La Operación Calamar, en la que tres altos funcionarios del anterior gobierno de Danilo Medina están en prisión preventiva, ha sido calificada por el movimiento cívico Participación Ciudadana como un caso de corrupción a "gran escala".
Según la organización, el caso involucra la utilización de tres esquemas para defraudar al Estado por más de RD$ 19,000 millones.
Participación Ciudadana considera que si el Ministerio Público puede demostrar la participación de un grupo de personas que se confabuló para cometer delitos graves en detrimento del Estado, la Operación Calamar podría ser considerada un caso de criminalidad organizada.
Los acusados habrían utilizado importantes instituciones del Estado para aparentar que sus acciones eran lícitas, entre ellas el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas.
El informe de Participación Ciudadana titulado "Informaciones Claves Operación Calamar" señala que los acusados utilizaron tres esquemas fraudulentos: expropiaciones, compras de inmuebles y juegos de azar.
Este último se habría llevado a cabo a través de bancas deportivas, colmadones y bancas de lotería, y si los propietarios no pagaban las millonarias sumas de dinero que se les exigía, se les amenazaba con el cierre de sus negocios.
Según el movimiento cívico, los acusados obligaron al Estado dominicano a erogar grandes sumas de dinero en base a maniobras fraudulentas, que se traducían en grandes beneficios económicos para ellos y otros particulares que formaban parte de la referida organización criminal.
Los acusados habrían utilizado importantes instituciones del Estado para aparentar que sus acciones eran lícitas
Además, el informe señala que los acusados falsearon documentos públicos, como actos de notoriedad, con el fin de excluir a los herederos de los terrenos expropiados, a los que afectaron sus derechos fundamentales.
En cuanto al esquema de expropiaciones de terrenos, Participación Ciudadana explica que los acusados lograron que se emitieran avalúos para el pago fraudulento de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes y sin los requisitos mínimos exigidos por la Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa y la Contraloría General de la República.
El informe destaca que el expresidente Danilo Medina convocó a varios funcionarios al Palacio Nacional para ordenarles que diligenciaran recursos para la campaña del excandidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, y los candidatos a legisladores de Santiago.
Lo anterior fue revelado por el exdirector de la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, y quefue una de las razones principales de que se crearan estos esquemas para buscar el dinero.
