Melbim Romero destaca que debido a la contundencia de la acusación las defensas no han podido afectar la teoría del órgano acusador
El fiscal Melbin Romero del Ministerio Público de la República Dominicana afirmó que la acusación contra los acusados en las operaciones Coral y Coral 5G es fuerte, respaldada por pruebas contundentes que las defensas no han podido refutar.
En una audiencia preliminar en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Romero dijo que las empresas MJ3V Agroindustrial, Distribuidora TAFL, Distribuidora KF, Antonio Suárez, RyF Agroindustrial y Fernández Isa, entre otros, presentaron sus defensas, pero ninguna pudo eliminar ninguna de las pruebas aportadas por el Ministerio Público.
El órgano acusador ha presentado cargos contra 48 personas, incluyendo 18 empresas, por defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos en un entramado de corrupción que operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). La audiencia preliminar ha sido aplazada para el 10 de marzo.
La audiencia preliminar contra los acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con operaciones las Coral y Coral 5G se llevó a cabo en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
En la audiencia, seis defensas de la barra acusada presentaron sus argumentos, entre ellas, las empresas MJ3V Agroindustrial, Distribuidora TAFL, Distribuidora KF, RyF Agroindustrial y Fernández Isa, así como la defensa de Antonio Suárez.
El fiscal Romero subrayó que esperaban más de las defensas, pero lograron sentar las bases de su teoría del caso. La jueza Yanibet Rivas Méndez aplazó la audiencia para el 10 de marzo. En este proceso, el órgano acusador solicitó apertura a juicio contra 48 personas, entre ellas, Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez, Adán Cáceres Silvestre y otros acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
