El estudio destaca que las reformas policiales en RD se basan en represión y no en prevención.
Tres causas marcan la poca efectividad de las reformas policiales en República Dominicana y la primera es que se configura a partir de crímenes escandalosos que consternan a la ciudadanía
Es decir que la efectividad de las reformas policiales se configura durante picos de violencia; es decir, a partir de hechos de sangre que consternan a la ciudadanía, mas no a partir de diagnósticos, estudios y planificaciones integrales.
Así lo indica el estudio del el Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE) que destaca que las reformas policiales en RD se basan en represión y no en prevención
Otra causa que cita la investigación es que estas reformas se basan meramente en las experiencias de otros países, obviando la historia, cultura y realidad propia.
Como tercera causa, que las reformas policiales tienden a mal copiar, emular o calcar modelos de otros países sin el análisis o reparo en las características centrales de la situación nacional, en las especificidades de esos planes y en los fallos o aciertos durante su implementación.
La investigación precisa que las reformas policiales basadas en políticas de reacción, represión y «mano dura» resultan en nuevas formas de violencia y en una mayor cantidad de apresados.
El estudio, de la autoría de Vladimir Rozón, coordinador de la Unidad de Partidos Políticos y Sistema Electoral del OPD-Funglode, sostiene que existen cuestiones fuera del proceso de reforma policial actual que deberían ser incorporadas.
«Entre estas se encuentran estudiar el modelo policial dominicano desde su formación y ver los programas y reformas en materia de seguridad desarrollados en la historia de la nación, para saber si son procedentes o no. Antes de estudiar a otros países, se debe estudiar a República Dominicana», precisa.
Además, la investigación titulada «La reforma policial en República Dominicana: una visión comparada» recomienda analizar la cultura policial e intentar cambiar su formación militar originaria, pasando de las políticas de «mano dura» a las de prevención; es decir, del modelo reactivo de policía a uno basado en inteligencia.
«Esto es: desarrollar diagnósticos de los problemas de seguridad enfrentados por la población, identificar prioridades y definir propuestas de soluciones, determinando un conjunto de metas y objetivos de la policía», considera Rozón.
También, el OPD-Funglode sugiere iniciar un proceso de descentralización de la Policía Nacional enfocado en la creación de una policía local o municipal con formación exclusiva en el seguimiento y la detención de los delincuentes comunes.
Agrega que ese proceso debe incluir una redistribución de los agentes policiales y colocando un mayor número en las zonas de mayor riesgo, confiriendo a esta policía preventiva facultades de investigación y definiendo claramente su accionar y jerarquía.
«Se sugiere incluir en la reforma del Código Penal una norma que permita a los fiscales procesar delincuentes, incluso sin la denuncia de la víctima, partiendo de pruebas como testimonios, vídeos y demás; es decir, las leyes deben establecer que corresponde a los fiscales y no a las víctimas ni a sus familias, la responsabilidad de iniciar el procesamiento y enjuiciamiento de los delitos comunes como robos simples y atracos cometidos en contra de cualquier ciudadano», destaca Rozón.
Contexto
La investigación añade que en República Dominicana, las reformas policiales presentadas en las últimas dos décadas y la implementación de los mismos métodos o planes gobierno tras gobierno han resultado en una situación de violencia e inseguridad que se ha mantenido prácticamente sin variaciones hasta la actualidad.
El estudio revela que la principal muestra de esto es que una parte importante de las medidas planteadas en la propuesta de reforma policial de 2021, tales como el aumento de la vigilancia en los barrios, la implementación del «Plan Cuadrante», la mejora de los procesos de reclutamiento y formación policial, y el retiro de las armas ilegales de las calles, entre otras, ya estaban contenidas en las reformas de 2012 y 2016.
