La destitución de Roberto Fulcar del ministerio de Educación ha sido la acción más impactante por su estatura partidaria y ser el jefe de campaña ganador en las elecciones del 2020.
Unos lo halan para el camino de la fácil y desacreditada “vieja política” y otros le señalan un nuevo sendero, difícil y peligroso, pero cónsono con sus discursos y promesas de lucha contra la corrupción y gobierno transparente.
El 24 de julio último titulé esta columna “Hacia dónde girará Abinader” y advertí: “El relanzamiento implica hacer los reajustes a partir de la percepción ciudadana sobre competencias e incompetencias de los funcionarios perremeistas, empresarios, aliados e independientes, así como de la imagen de transparencia que proyectan”.
“El bisturí recorrería la geografía del oficial PRM, en el que se escuchan quejas por el terreno ganado por “extraños” en la administración abinaderista, pero cuyos dirigentes (no todos; no pocos) han sido piezas de escándalos por alegada corrupción, inconductas, incomprensión de sus funciones, torpezas en manejo de crisis o, simplemente por incapacidad para ejercer función pública”.
En las recientes destituciones y nombramientos, el presidente Luis Abinader ha enviado señales claras de estar dispuesto a correr riesgos, incluso en aquellos casos en que se puedan generar fisuras con segmentos partidarios.
La destitución de Roberto Fulcar del ministerio de Educación ha sido la acción más impactante por su estatura partidaria y ser el jefe de campaña ganador en las elecciones del 2020, además de una relación entrañable con el ahora presidente Abinader.
Fulcar hizo malabares para intentar el éxito de los fracasados años escolares 20 y 21 y durante su gestión hubo numerosas denuncias sobre alegada corrupción en licitaciones y compras, que en algunos casos provocaron la anulación de parte de la dirección de Contrataciones Públicas.
El funcionario y político ofreció innúmeras explicaciones, pero no convenció a un auditorio nacional, que hasta se contentó con su desplazamiento a un insignificante cargo sin cargas, ministro sin cartera, luego de manejar el mayor presupuesto ministerial del país.
Otro caso llamativo fue el envío de César Cedeño como cónsul en San Juan, Puerto Rico después de la enorme responsabilidad de dirigir por dos años “la fusión” de Bienes Nacional y Consejo Estatal del Azúcar. Cedeño fue jefe de campaña de Hipólito Mejía en las elecciones de 2012 y en los procesos internos de 2016 y 2020, primero en el PRD y luego en el PRM.
Antes de estos casos, vistos como parte del relanzamiento de la administración en su ecuador, se le contaban al gobierno alrededor de 40 separaciones, entre destituciones, renuncias, suspensiones y licencias forzosas.
Abinader ha dicho desde su juramentación que no protegerá corruptos y que cada funcionario debe asumir su defensa personal ante denuncias, investigaciones o acusaciones de alegados hechos de corrupción u otras “indelicadezas”.
La licencia, sugerida o por iniciativa personal, de Lisandro Macarrulla, el principal ministro del gobierno y proveniente del sector empresarial, también se inscribe en la firme decisión del mandatario de no cargar con cuestionamientos ajenos que afecten su presidencia, aunque surjan enojos y distanciamientos para apoyo a su repostulación.
Es evidente que Abinader ha decidido apostar por sangre nueva, pese a que el “librito” tradicional dicta abrazarse al partido al momento de buscar la reelección, sin importar la imagen de colaboradores imputados, denunciados, investigados o reos de intensos rumores sobre alegadas irregulares.
(“¿Cuál corrupción?”, fue la desafiante frase del entonces presidente Danilo Medina cuando le preguntaron sobre numerosas denuncias de casos que afectaban a sus colaboradores. Claro, no hubo destituciones y Jean Alain llegó hasta el 16 de agosto en Procuraduría, por ejemplo).
Se esperan más cambios y parece que irán al gobierno más jóvenes perremeistas, aliados e independientes, dispuestos a asumir los riesgos de nuevas reglas del juego, en el que tiempo de militancia o el monto del financiamiento no deciden los decretos.