La aprobación Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados se produjo a pesar de la oposición del Colegio de Abogados
El Poder Judicial encabezado por su máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, saludó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley de uso de medios digitales en el ámbito de la justicia.
En un comunicado indica que la iniciativa busca habilitar y regular el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos judiciales y administrativos de este poder del Estado.
Con su aprobación se permitirá la tramitación en línea para abogados y ciudadanos, realizar audiencias virtuales con excepción de la materia penal, uso de la firma digital para jueces, juezas y servidores judiciales, la creación y disposición al público del expediente electrónico y otras facilidades y ventajas que la transformación judicial ha hecho posible.
La opción de los medios electrónicos para tramitar en el Poder Judicial amplía los canales de servicio, permite observar el funcionamiento de los tribunales y la trazabilidad desde la entrada de los expedientes hasta su entrega, impactando positivamente en la eficiencia, la transparencia y una mejor administración de justicia.
Esta propuesta fue remitida por los jueces de la Suprema Corte de Justicia en octubre del año pasado, siendo esta la primera vez que el alto tribunal utiliza su facultad de iniciativa legislativa reconocida por la Constitución de la República.
Es justo reconocer y ponderar la labor del presidente de la Cámara de Diputados, diputado Alfredo Pacheco, del presidente de la Comisión Especial, diputado Víctor Fadul y los integrantes de la Comisión Especial para su estudio.
La aprobación por parte de la Cámara de Diputados es un claro indicio de que el país tiene conciencia del impacto de las tecnologías en lograr una Justicia eficiente, inclusiva y confiable.
Abogados protestan
La aprobación Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en la Cámara de Diputados se produjo a pesar de la oposición del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) que en la víspera de la decisión congresual realizaron una protesta frente al Congreso Nacional
En la protesta participaron decenas de abogados quienes denunciaron que algunos diputados pretenden instaurar por Ley el acceso a la Justicia Virtual lo que afectaría a los usuarios del sistema.
Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados, llevó la voz cantante indicando que dicho proyecto pretende eliminar el requerimiento judicial de un expediente físico para cada proceso judicial, con las pruebas originales en los que las partes sustentan sus alegatos.
Explica que mediante la instauración del supuesto expediente digital, el cual solo constará de documentos escaneados, es decir en fotocopia, abrirá las puertas a todo tipo de fraude mediante la suplantación digital de sellos y firmas, falsificación de documentos escaneados, falsificación de documentos, pues las partes no tendrán que depositar sus originales, y los jueces podrán dictar sentencia en base a esas fotocopia.
Asimismo otorga el poder en favor del Poder Judicial de instaurar las audiencias virtuales obligatorias en todas las materias por causa de “fuerza mayor”, con lo cual por cualquier razón, hasta por falta de recursos, se podría imponer el cierre de todos o parte de los tribunales, lo cual constituye una suplantación del poder constitucional del Congreso Nacional de declarar estado de excepción.
" Nosotros como institución no estamos en contra de la tecnología, de hecho estuvimos de acuerdo, si las partes por escrito lo acepta con la celebración de audiencias virtuales en todas las materias, exceptuando la penal, pero nunca con la imposición de una Justicia virtual, donde para su acceso se requiera tener luz, impresora, computadora e internet, lo cual es violatorio de varios artículos de la Constitución de la República.
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, dijo que con ese plan se busca el colapso de los servicios presenciales en todo el sistema de justicia para culpar al Tribunal Constitucional.
“Este proyecto constituye en los hechos el cierre del acceso a la Justicia para el 70% de la población dominicana que no tiene acceso a Internet, a equipos informáticos y que las audiencias virtuales sean a discreción de un Juez” expresó Surun Hernández.
En ese sentido precisó que la iniciativa vulnera los derechos de todos los usuarios del sistema, la Carta Magna y los Códigos de Procedimiento Civil, Código Procesal Penal, Código de Trabajo y otros.
