Tras la muerte violenta de Orlando Jorge Mera mantuvimos un debate sobre la necesidad de establecer un protocolo de seguridad en todas las instituciones del Estado.
La doctora Carolina Ramírez, “la mujer seguridad”, ha estudiado el tema más o igual que cualquier otro. De hecho tiene un doctorado en seguridad con estudios realizados en Estados Unidos, Chile, España, en el Ministerio de Defensa y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por lo tanto, tiene calidad para hablar. Trabaja de asesora en varias instituciones públicas y privadas, incluyendo la Z-101 donde comparte cabina con un grupo de comunicadores entre los cuales me encuentro.
Tras la muerte violenta de Orlando Jorge Mera mantuvimos un debate sobre la necesidad de establecer un protocolo de seguridad en todas las instituciones del Estado para evitar tragedia como la ocurrida en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde mataron a Juan de los Santos, en la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, donde un contratista se suicidó, y ahora en el ministerio de Medio Ambiente donde un loco si, un loco, porque había que estar muy loco para hacer lo que hizo el hombre que mató a Orlando a mansalva con un sadismo propio de un psicópata. Cualquiera puede ser objeto de un atentado, cualquiera puede morir trágicamente, pero no debe ser por falta de un dispositivo de seguridad oficial.
Dice el pueblo que “en la confianza es que está el peligro”. Y es verdad. Nadie, absolutamente nadie, no importa el parentesco, el vínculo de amistad, político o familiar que pueda tener una persona con el presidente de la República, la vice, y demás funcionarios, puede entrar armado a una oficina pública, sobre todo si no tiene intenciones de dañar a nadie.
Se deben colocar detectores de metales en los restaurantes, bares, discotecas, estadios deportivos, etc. Los policías y militares que suelen penetrar a esos lugares armados, no importan los rangos, deben dejar sus armas en sus casas o en los vehículos. La rigurosidad del protocolo de seguridad no acepta excusas. Recuerdo como un hombre armado entró a un bar en la parte oriental de la ciudad y le dio un balazo al inmortal del béisbol David Ortiz que lo dejó en estado de gravedad.
Las armas de fuego o de cualquier otra naturaleza no deben tener cabida en lugares públicos ya sean del Estado o privados. Los teléfonos móviles tienen que ser regulados en los despachos de los ministros, directores generales, etc., porque se convierten en un peligro para los propios funcionarios que corren muchos riesgos en el ejercicio de sus funciones, sobre todo cuando actúan con honestidad y transparencia, pues lesionan intereses de políticos, militares, empresarios diversos, contratistas, suplidores, etc.
Orlando Jorge Mera fue víctima de los intereses de los depredadores del medio ambiente en sus distintas modalidades. Pagó con su vida al negar permisos, no solo al asesino. Hasta la llegada de Orlando al ministerio de Medio Ambiente era un mercado donde se vendían permisos y facilidades, la corrupción no se detenía en la puerta de ningún despacho. Sin hacer mucho ruido, sin hablar todos los días, sin hacer acusaciones graciosas para buscar protagonismo, en medio de muchas dificultades y presiones, debo decir que Orlando hizo más de lo que muchos se imaginan para impedir tala de árboles, extracción de materiales de los ríos; hizo mucho para cuidar la flora y la fauna del país. No fue fácil enfrentar tantos y poderosos sectores. Orlando era un funcionario honesto.
Espero que el gobierno le preste atención a las sugerencias que hace la doctora Carolina Ramírez en materia de seguridad pública y ciudadana para salvar vidas, porque es mejor prevenir que lamentar. Los protocolos se seguridad son preventivos, evitan tragedias como la de Orlando, un hombre capaz, honesto y de buen corazón, a quien voy a extrañar dado los lazos de amistad que nos unieron desde que era apenas un adolescente.
Cuando un ministro, director general, etc., civil o militar, trabaja apegado a valores éticos y morales, combatiendo la corrupción, puede ser objeto de atentados, extorsión y chantaje, incluso de asesinato, sobre todo en un país como el nuestro dónde todo el que invierte dinero en campaña electoral pretende recuperarlo multiplicándolo por diez. Nadie invierte en un candidato por amistad, parentesco familiar o “amor a la patria”, lo hace como negocio. Las campañas electorales son demasiado costosas. Los políticos suelen aceptar dinero sin saber su procedencia ni su idoneidad. Ignoran que las manos que dan, esperan.
