El Ministerio Público informa que las víctimas se encuentran en República Dominicana y que están al alcance de la institución.
Santo Domingo.-La fiscal Belkis Ulloa, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) informo que como parte de los delictos de cometido por los imputados del Caso Iguana se encuentra el secuestro de cuatro nacionales cubanas, entre ellas, dos adultas y dos menores de edad.
Ulloa explicó que en este hecho delictivo intervinieron no solo los imputados que forman parte de la Dirección General de Migración, sino también los demás integrantes de la estructura.
“Hay dos de las personas investigadas que materializaron un tráfico ilícito en principio en contra de esas nacionales cubanas; luego llegaron a poder de los miembros de la Dirección General de Migración, y ellos facilitaron su llegada a otra estructura, digamos los demás miembros de la estructura de criminalidad organizada, para entonces poder facilitar nuevamente el tráfico ilícito de migrantes de los mismos y poder obtener beneficio económico que le estaban requiriendo en todo momento a los nacionales cubanos”, expuso.
Respecto a las víctimas, dijo que se encuentran en República Dominicana y que están al alcance del Ministerio Público.
“Ellos, como víctimas, están al alcance de nosotros; se encuentran en el país. Son migrantes irregulares y la ley no establece sanciones en relación a ellos, sino sanciones administrativas; sin embargo, como nosotros tenemos esta investigación, necesitamos tenerlos al alcance del Ministerio Público”, dijo al responder una pregunta en torno a las implicaciones legales para las víctimas.
En ese sentido, explicó: “La única sanción administrativa que les puede sobrevenir es la deportación; sin embargo, está retenida para nosotros poder avanzar en la investigación”.
Ulloa precisó que la investigación todavía se encuentra en desarrollo. “Nosotros, desde diciembre, le estamos dando seguimiento a la presente investigación; sin embargo, teníamos que realizarla de manera precavida para poder llegar a este punto, tomando en cuenta que hay funcionarios involucrados, entre ellos, los que nosotros estamos presentando a la acción de la justicia”, refirió.
Los detalles del secuestro de los nacionales cubanas fueron ofrecido por la fiscal Ulloa tras concluir la presentación del Ministerio Público de solicitud de imposición de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido contra los imputados.
Posponen conocimiento de la medida de coerción
El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez pospuso el conocimiento de la medida de coerción para el próximo miércoles 30 de marzo, a partir de las 10:00 de la mañana.
La fiscal Ulloa dijo que la audiencia fue aplazada a solicitud de la defensa, que pidió más tiempo para conocer el expediente, y destacó que el Ministerio Público está listo y dispuesto para conocerla. Calificó de graves los hechos cometidos por los imputados como parte de sus actividades en la estructura criminal.
Aseguró que el Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios que le permitirán obtener las medidas de coerción solicitadas contra los siete involucrados, quienes también están imputados de secuestro.
El órgano de la persecución penal solicita la imposición de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido contra los imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración, y el inspector Johan Rosario Castillo, así como de Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
En la audiencia, la fiscal Belkis Ulloa representó al Ministerio Público junto a Wendy González, procuradora general titular de la Procuraduría Regional de Barahona; Aleika Almonte, también de la PETT, y Alexis Piña y Yoneivy González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
