La organización cívica entiende que de esta manera el mandatario daría un paso adelante en su postulado de combatir la corrupción, y a sus declaraciones sobre la necesidad de eliminar gastos innecesarios.
Participación Ciudadana solicitó al presidente de la República aprovechar la introducción al Congreso del presupuesto 2022 para impedir que los legisladores continuen asignandose el cofrecito, el barrilito y todos los demás fondos de carácter clientelar que se reparten anualmente, y que se constituyen en prácticas corruptas y antidemocráticas.
La organización cívica entiende que de esta manera el mandatario daría un paso adelante en su postulado de combatir la corrupción, y a sus declaraciones sobre la necesidad de eliminar gastos innecesarios.
Dijo que además de eliminar el cofrecito y barrilito debe asignarse al Congreso Nacional una partida presupuestaria destinada exclusivamente a la compra de vehículos para uso de los legisladores, acompañados de la eliminación de la práctica de las exoneraciones.
“En este caso, se le asignaría un monto que posibilite a ambas cámaras, adquirir una flotilla de vehículos por valores congruentes con el uso racional del dinero público, a la vez que adecuados a la labor del legislador, de la cual se asignaría una unidad a cada Senador o Diputado para su uso durante cuatro años, período al término del cual la cámara correspondiente podría venderlos para cambiarlos por unidades nuevas para los legisladores entrantes”, puntualizó la institución.
En ese tenor, señalaron que, debería de establecerse una política que especifique el monto máximo por vehículo, tal como se establece para los funcionarios y funcionarias públicos.
El movimiento cívico Participación Ciudadana precisó, además que, cada cierto tiempo la opinión pública nacional es conmovida por escándalos de corrupción como los relativos a la distribución de dinero público a políticos mediante mecanismos como los llamados barrilitos, cofrecitos, asignaciones por semana santa, navidad, día de las madres, etc. así como de las exoneraciones de vehículos de lujo a los legisladores, por medio de las cuales, el Tesoro Nacional ha dejado de percibir miles de millones de pesos.
Se recuerda que en el año 2010 Participación Ciudadana interpuso una acción de inconstitucionalidad de la ley 57/96 ante la Suprema Corte de Justicia y luego en el 2012, una vez constituido el Tribunal Constitucional, le solicitó el conocimiento de dicho recurso de inconstitucionalidad, bajo el precepto de que nadie tiene derecho a legislar en su propio beneficio, establecido en nuestra Constitución.
