Organizaciones sociales dominicanas conmemoran, este 17 de agosto, el noveno aniversario del fallecimiento de Rosaura Almonte Hernández (“Esperancita”) una joven dominicana de 16 años que necesitaba quimioterapia para luchar contra una leucemia, pero a quien le retrasaron el tratamiento porque estaba embarazada.
Por ese motivo el grupo organizaciones sociales aprovechan para solidarizarse con su madre Rosa Hernández, y hacen un llamado para que las autoridades dominicanas acojan los argumentos de derechos humanos que respaldan la despenalización del aborto.
En un comunicado las organizaciones recuerdan que el personal médico no quiso interrumpir el embarazo, pese a ser lo indicado en ese caso. Aún hoy, las leyes dominicanas prohíben absolutamente el aborto, incluso cuando se necesita para salvar la vida de las mujeres.
Para la ocasión Angela Gómez de la agencia France24 preparó un articulo que recoge el proceso llevado a cabo por los médicos y que se puede leer en el siguiente vinculo https://www.france24.com/es/ellas-hoy/20200624-ellas-hoy-cidh-caso-esperancita-tratamiento-leucemia-embarazo.
La periodista Gómez contaba lo siguiente:
“Rosaura Almonte Hernández, conocida como 'Esperancita', falleció en 2012 a sus 16 años por el retraso intencionado de un tratamiento a la leucemia que padecía, por estar embarazada. La ONG Womens Link denuncia que por la falta de atención oportuna y adecuada, Rosaura no sobrevivió, aún cuando su feto tampoco tenía probabilidades de prosperar. Su madre, Rosa Hernández, lleva nueve años pidiendo justicia y ahora su lucha se reedita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 2 de julio de 2012 Rosaura Almonte ingresó a la sala de urgencias del hospital docente Semma en Santo Domingo, República Dominicana; allí se entera de dos diagnósticos: tiene leucemia linfoblástica aguda y un embarazo de 7,2 semanas.
El 3 de julio la medica tratante informa que hay signos de daño fetal y sangrado por amenaza de aborto. En consecuencia, recomienda un aborto terapéutico, para proceder a atender a Rosaura por su leucemia, pero en República Dominicana el aborto está prohibido, de modo que el caso va al Comité de Morbilidad Extrema y una junta médica decide no proceder al legrado por ser inconstitucional.
Los médicos determinan "esperar el desenlace natural del embarazo, dada la hemorragia", sabiendo que el feto no tiene posibilidades de prosperar y que la vida de Rosaura depende del tratamiento. Y es que la quimioterapia inmediata para la leucemia da a los pacientes adolescentes una esperanza de vida del 58%, de no aplicarse, la enfermedad puede ser mortal en 8 semanas.
Entendiendo que el embarazo frenaba el tratamiento de la adolescente de 16 años, se reúne el 18 de julio el Comité de Bioética del hospital y se expresa que "si una mujer embarazada presenta una condición que amerita tratamiento, las consecuencias negativas para el feto no pueden ser consideradas como un atentado a la vida".
Con aval del Ministerio de Salud, se acepta administrar quimioterapia el día siguiente, pero solo 13 días después el personal médico solicita la firma de un consentimiento informado "a sabiendas de los riesgos que conlleve, descargando de responsabilidad al hospital (…) y los médicos".
El 16 de agosto, en el día 45 de hospitalización, con un embarazo de 13,3 semanas, comienza un sangrado abundante por la vagina y por la boca. La adolescente presenta hipotensión, e insuficiencia respiratoria.
El 17 de agosto a la 1:30 de la madrugada se produce un aborto espontáneo y a las 8:00 am. Rosaura sufre un paro cardiorrespiratorio y se decreta su deceso.
Desde ese día en 2012, Rosa Hernández ha pedido Justicia y una mejora en los procesos médicos de República Dominicana, donde se encuentra una de las mayores tasas de muertes de maternas de la región, pero hasta la actualidad el Estado "no ha escuchado", como denuncia.
Ahora el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunciará sobre lo que ocurrió y determinará si hubo un tratamiento inadecuado para la joven”.
Volviendo a lo planteado por las organizaciones sociales, cuyo listado aparece al final de este trabajo, estás sostienen que “Las leyes que condenan a las mujeres y a las niñas a la muerte, y que van en contra de sus derechos humanos, tienen que ser modificadas para que no se repitan casos como el de Rosaura Almonte Hernández (“Esperancita”) y otros similares que desde entonces han sido conocidos en la República Dominicana, como los de Carmen Dionelis, Lizdalfy o, más recientemente, el de Winifer”.
“Las organizaciones firmantes de este pronunciamiento nos solidarizamos con Rosa Hernández, madre de “Esperancita”, una mujer valiente que, pese a su dolor, no ha dejado de abogar por la modificación de la ley que prohíbe el aborto” expresan.
Recuerdan una carta enviada en abril de 2021 al presidente de la República y a la primera dama, por Rosa Hernández, la madre de “Esperancita “ en la que afirmó: “es el momento de cumplir su compromiso e impulsar a los legisladores para que el aborto sea permitido en situaciones excepcionales y evitar que ninguna otra madre tenga que pasar por un sufrimiento como el mío”.
Indican las organizaciones que justamente, el Congreso de República Dominicana tendrá una nueva oportunidad de corregir esta situación cuando se discuta la aprobación de un nuevo código penal por lo que confían en que el legislativo acogerá los argumentos y recomendaciones de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos que han pedido la despenalización de aborto.
Detallan que las tres recomendaciones giran en al menos tres circunstancias como mecanismo de protección de los derechos de las mujeres. Estas tres excepciones son: cuando la salud y la vida de las mujeres está en riesgo; cuando el feto es inviable fuera del útero; y cuando el embarazo es producto de violación o incesto.
Para fortalecer sus argumentos las organizaciones firmantes del documento enviado Diariodigitalrd, recuerdan, además, un pronunciamiento reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el cual manifiesta su preocupación “ante iniciativas de decretos, políticas públicas y leyes que generan obstáculos al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la región. En especial, la CIDH destaca aquellas direccionadas a restringir la interrupción del embarazo de manera absoluta”.
En el pronunciamiento, la CIDH “reafirma que la criminalización absoluta de la interrupción del embarazo, incluyendo casos en donde la vida se encuentra en riesgo y cuando el embarazo es producto de una violación sexual o incesto, impone una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos, especialmente, los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros y de altas tasas de mortalidad”.
Al final del documento las organizaciones firmantes recuerdan a las autoridades dominicanas que ninguna mujer en el país debería morir o estar en riesgo por causas asociadas al embarazo. De mantenerse esta situación de discriminación y violencia estructural, el país se vería expuesto a condenas internacionales, como podría ocurrir justamente con el caso de Rosaura Almonte Hernánde (“Esperancita”) que fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organizaciones firmantes
Movimiento Apoyo 3 Causales
Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)
Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)
Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía, La Ceiba
Foro Feminista Magaly Pineda
Coalición por la Vida y la salud de las Mujeres
Efecto Mariposa X 3C, diáspora dominicana en NYC
Tertulia Feminista Magaly Pineda
Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS)
RD Es De Todes
Profamilia- República Dominicana
Participación Ciudadana
Amnistía Internacional
Centro de Derechos Reproductivos
Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI)
Equality Now
Federación Internacional de Planificación de la Familia, Región del Hemisferio Occidental (IPPFHO)
Women’s Equality Center (WEC)
Women’s Link Worldwide
