El presidente López Obrador, ha matizado que la información se hará pública ahora que ha sido entregada a la Fiscalía para realizar una investigación que "dé con los responsables".
MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -Rosa Icela Rodríguez, directora de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, ha informado este miércoles de que se han hallado al menos 31 contratos firmados por los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón con empresas vinculadas al software de espionaje israelí Pegasus.
En una rueda de prensa, ha señalado que se usaron "compañías fachada para llevar a cabo la simulación de contratos con el software en distintas instancias del gobierno federal". Además, se han hallado 31 contratos a empresas vinculadas al software de la empresa NSO Group, que fue vendido a Tech Bull.
Además, ha afirmado que estos contratos involucran a los gobiernos de Peña Nieto y Calderón, así como a Genaro García Luna, exministro de Seguridad Pública, según informaciones del diario 'Milenio'.
El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha matizado que la información se hará pública ahora que ha sido entregada a la Fiscalía para realizar una investigación que "dé con los responsables".
"La información sobre los contratos va a subirse a la redes para que todos tengan la información, le pido a Rosa Icela que hoy se suban los contratos", ha insistido el presidente mexicano.
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Santiago Nieto, indicó la semana pasada que el Gobierno contrató al grupo Tech Bull entre 2012 y 2018 para la adquisición de tecnología de espionaje. Esto incluye el software Pegasus, por el que el Ejecutivo habría pagado 32 millones de dólares, que habrían sido transferidos a la empresa israelí NSO, especializada en malware.
"Tech Bull contrató en 2014 (…) un malware para espiar teléfonos que costó 32 millones de dólares y fue desarrollado por una empresa israelí, a la que terminó transfiriendo los recursos", dijo. En este sentido, los gobiernos de Veracruz, el estado de México y la entonces Procuraduría General de la República, además de otras dependencias, contrataron a empresas vinculadas con el software.
