Quienes son obligados a tributar no están dispuestos a aceptar que grupos de funcionarios, civiles o militares, se enriquezcan robando una parte de dichos arbitrios.
Los políticos, militares y todo servidor público deben de comprender ya la naturaleza de la lucha contra la corrupción que se viene librando en el país.
Esa lucha no es solo está inspirada en principio de tipo ético; la originan fundamentalmente razones económicas.
Me explico. Al ciudadano dominicano se le cobran elevados impuestos, incluidos para pagar la deuda externa, y quien es obligado a tributar no entiende que un grupo de funcionarios se enriquezca apropiándose de una parte de esos recursos.
De modo que, si los corruptos creen que se van a salir con la suya, esperando o creando convulsiones políticas o sociales que desvíen esa voluntad de enfrentar la corrupción administrativa, podrían chocar una dura realidad.
No vislumbro a futuro, ninguna acontecimiento nacional en el que la población excluya que el robo en el erario es un eje consustancial con los graves problemas políticos y sociales que se puedan presentar en la República Dominicana. de hecho lo es en el presente.
A lo mejor no fuera así, si quienes se han apropiado de los recursos del Estado, no hubiesen cometido el error de exhibir las fortunas acumuladas, prevaliéndose de los cargos ocupados en las pasadas administraciones.
Desde esos cargos se sirvieron a sus anchas, maniobrando y violentando normas y leyes, acciones aviesas que han comenzado a desvelarse con la existencia de un Ministerio Público que ha recogido el sentir de esa sociedad que se siente atracada.
En el caso de nuestras Fuerzas Armadas, urge que en su seno se entienda que ahí deben rectificarse ciertas normas, pues si hay un ente que debe ser institucionalmente sano son nuestros órganos castrenses, por lo que ellos representan en el mantenimiento de nuestra soberanía Nacional.
Dice un refrán que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, y esa corrupción extrema que ha tomado cuerpo en nuestras instituciones, y su consecuente impunidad, apunta a ser frenada, porque la población no está dispuesta a seguir sacrificándose pagando arbitrios para enriquecer a dos o tres vivos en quien confía cargos pùblicos.
Por lo antedicho es que soy partidario de que la lucha que libra el Ministerio Público merece el respaldo de todo aquel que considere que el sendero de los corruptos nos conduce a un destino fatal y que frenarlo es un acto patriótico que no admite indiferencia.
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