Desde el cambio de mandos de 1996, se afianzó en el país el derecho a un empleo en el sector público que tiene todo ciudadano dominicano con competencia o perfil técnico profesional para desempeñar la posición que ocupa en un órgano público.
Mal que bien, este principio se venía respetando en la Administración pública hasta el pasado 16 de agosto de 2020. Unos dirán que ello se debió al Pacto Patriótico de Balaguer y Leonel cuyo objeto básico era preservar en sus puestos a la mayor cantidad posible de reformistas; luego, contribuyó a su consolidación el hecho de que por tres periodos consecutivos, el propio PLD, se mantuvo al frente del Gobierno Nacional. Circunstancia que permitió al Estado Dominicano hacerse con una burocracia técnico-profesional bien entrenada y mejor capacitada; pero con la llegada del PRM a la Administración pública, las cosas han cambiado, ahora el imperativo es incorporar al mayor número posible de militantes al tren estatal.
A veces, las cosas no son como parecen, la realidad es que desde 1996, se tomó consciencia de que el peor error de Balaguer consistió en que no institucionalizó el país, en que no creó instituciones ni una burocracia profesionalizadas al frente del Estado. Estas críticas condujeron a los gobiernos sucesivo a buscar dotar al país de cierta modernidad en el seno de sus instituciones, para ello se promulgaron y pusieron en práctica muchas leyes nuevas incluida una nueva constitución.
Llama la atención, el hecho de que el PRM, se presentó ante el país como un partido político moderno, entendiendo como tal, a aquel que busca consolidar el terreno aportado por otros a la burocracia pública, pero que cree que puede mejorar más todavía el desempeño logrado. Sin embargo, en la práctica, se viene observando que dicho partido de gobierno ha venido a reeditar las más rancias conductas de la manigua y del conchoprimismo de inicios del pasado siglo XX, es decir, el partido que se dijo moderno está ejecutando al frente del Gobierno prácticas de hace 100 años que se creían superadas. Es decir, el partido que dijo que deseaba administrar el Estado para modernizarlo está demostrando en los hechos, que solo pretendía repartir el botín del Estado entre sus correligionarios.
En palabras diferentes, ha venido a convertirse en una Administración de gobierno violadora de la constitución y de los derechos ciudadanos que detentan posiciones públicas. Obvio, este partido debe saber que no puede seguir con esta práctica porque, primero, obligaría a quien le suceda al frente del Estado a hacer lo mismo, con lo cual, se consolidaría el retroceso; segundo, esta conducta podría revertirse en su contra porque formar técnico conlleva un esfuerzo mínimo de 4 años es decir, el periodo de un ejercicio constitucional, por tanto, es algo impracticable. Sobre todo, cuando la realidad muestra que la pequeña burguesía dominicana no se caracteriza por ser legal a ningún partido sino que por el contrario, se adhiere a aquel que les garantiza sus intereses inmediatos y tiende a odiar a quien le despoja de su parte del botín.
En suma, el PRM debería darse cuenta de que es más conveniente a la institucionalidad democrática, como bien lo escribió Max Weber, profesionalizar la burocracia y darle estabilidad que mantenerla en estado de inestabilidad. Lo de la institucionalidad viene a cuenta porque es lo que demandan las fuerzas productivas, la opinión pública, la clase media y el pueblo en sentido general; lo de la profesionalización porque si dentro de lo bueno que ha heredado el partido de gobierno está una burocracia profesionalizada mal puede destruir sin hacerse daño.
En una ambiente de crisis económica ocasionada por una pandemia que aún no cede, no es de buena gerencia prescindir de aquellos que están mejor dotados para contribuir a la solución. Es el viejo dicho según el cual, no se debe cambiar de caballo cuando se está cruzando un río peligroso o de aguas turbulentas. El PRM debe buscar formas marginales de encontrar empleos para su membresía dentro y fuera del aparato estatal; debe relanzar la economía con medidas juiciosas como enfrentar el cambio climático con un programa de empleo en el sector ambiental, el energético, el acuífero, el oceánico, etc. Debe relanzar la agricultura y la ganaría conforme a los lineamientos del DR-CAFTA, etc. Debe poner en marcha la economía circular y la economía solidaria junto a la soberanía alimenticia, etc.
Ha debido apostar por los aportes positivos de la pandemia como son el teletrabajo, la tele educación, la conectividad y la electrificación del país. Toda vez que el país presenta grandes atrasos en estas áreas y la pandemia permite ahora recuperar el espacio perdido.
Las violaciones a la ley 41-08 constituyen un hecho sin precedentes tal y como lo están mostrando las manifestaciones y reclamos que hacen los desvinculados, palabra técnica con que se encubre las cancelaciones sin motivos o fuera de la letra de la ley. El PRM gusta de volarse los artículos 138 y 142 de la Constitución. Esta práctica no solo es que debe cesar sino que las iniquidades que haya ocasionado deben ser resueltas. La Constitución señala el mérito como el portaestandarte de el buen desempeño, cuando este requisito existe la separación injustificada resulta inconstitucional y el afectado debe ser recolocado en su posición, pues no existe el derecho a separar el puesto a nadie que posea los méritos y el perfil del pues sin violar la Constitución y las leyes; así como, los principios de la buena gerencia que viene desde Max Weber.
El PRM ha de saber que al pueblo no le importa, en principio, quien esté al frente del Estado, lo que si le importa es que lo haga bien, hacerlo bien implica no violarle los derechos a nadie, no ver el Estado como un botín y, sobre todo, respetar los derechos humanos de aquellos que se han preparado para dirigir bien el Estado independientemente de qué partido político esté al frente del Gobierno. Dicho en palabras diferentes, el derecho a cancelar no existe, es inconstitucional y mata el anhelo de institucionalización que busca la nación con empeño.Invocar el derecho a cancelar es impropio de un partido que se dice moderno. DLH-28-3-2021