El movimiento cívico no partidista reclama coherencia a partidos políticos, líderes y legisladores
El movimiento cívico, Participación Ciudadana, expresó este jueves su apoyo por la aprobación en el código penal de las tres causales excepcionales que justifican la interrupción del embarazo sustentado en la defensa de los derechos fundamentales a la vida, dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad que la Constitución garantiza a la mujer, y que corresponde a nuestros líderes y representantes cumplir y hacer cumplir en todas las esferas, incluyendo el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, aprobó unirse a los reclamos de la Coalición por los derechos y la vida de las mujeres, la cual está integrada por más de un centenar de organizaciones que han establecido un campamento en los alrededores del Palacio Nacional con el objetivo de hacer visible sus reclamos ante la amenaza que contra los derechos de la mujer, representa la aprobación por la comisión de justicia de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de código penal que penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el nasciturus tenga una malformación incompatible con la vida.
“Participación Ciudadana hace un llamado a los partidos políticos, a sus dirigentes y congresistas a mantener sus promesas de campaña electoral sobre este tema, a través de las cuales manifestaron que favorecían ampliamente las tres causales, pues de lo contrario se consumaría un engaño electoral, inaceptable en un Estado Social y Democrático de Derecho”, expresó Leidy Blanco García, coordinadora general de la organización de la sociedad civil.
Blanco García, aseguró, además que desde el movimiento cívico son respetados todos los ciudadanos y ciudadanas que por razones religiosas no están de acuerdo con las tres causales, pero sus convicciones no pueden constituirse en políticas públicas obligatorias para todas las personas.
“Reconocemos que podrían surtir efectos entre quienes comparten dichas creencias que no sufrirán ninguna restricción en sus derechos fundamentales, pues las causales no se imponen en forma obligatoria, sino que dejan en libertad a la mujer de decidir si interrumpe su embarazo o no solo si se encuentra en una de esas tres excepciones, por lo que nuestra posición no es promover el aborto sino sus excepciones”, enfatizó.
La realidad dominicana comprobada es que la penalización absoluta del aborto solo ha perjudicado a los más pobres y ocasiona la muerte de innumerables mujeres cada año, sobre todo menores de edad que deben acudir a clínicas y curanderos clandestinos donde se someten a procedimientos y brebajes que no solo implican un peligro para su vida, sino que además les roba su dignidad y su futuro.
“Cifras oficiales estiman que entre 08 y 13% de las muertes maternas se deben a abortos ilegales, y algunos estudios indican que las mujeres fallecidas por causas vinculadas al embarazo superan el de las fallecidas por violencia de género”, destacó, Leidy Blanco García.
Desde Participación Ciudadana hacemos un señalamiento de que, si un proyecto de esta naturaleza llega a convertirse en ley, no le quedaría más remedio al presidente Luis Abinader que honrar su palabra de campaña y observarlo, dilatando de esta manera la aprobación de un código penal necesario, pero que no puede construirse jamás pisoteando los derechos de las mujeres.
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y reclama coherencia a partidos políticos, líderes y legisladores
Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, expresó este jueves su apoyo por la aprobación en el código penal de las tres causales excepcionales que justifican la interrupción del embarazo sustentado en la defensa de los derechos fundamentales a la vida, dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad que la Constitución garantiza a la mujer, y que corresponde a nuestros líderes y representantes cumplir y hacer cumplir en todas las esferas, incluyendo el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, aprobó unirse a los reclamos de la Coalición por los derechos y la vida de las mujeres, la cual está integrada por más de un centenar de organizaciones que han establecido un campamento en los alrededores del Palacio Nacional con el objetivo de hacer visible sus reclamos ante la amenaza que contra los derechos de la mujer, representa la aprobación por la comisión de justicia de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de código penal que penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el nasciturus tenga una malformación incompatible con la vida.
“Participación Ciudadana hace un llamado a los partidos políticos, a sus dirigentes y congresistas a mantener sus promesas de campaña electoral sobre este tema, a través de las cuales manifestaron que favorecían ampliamente las tres causales, pues de lo contrario se consumaría un engaño electoral, inaceptable en un Estado Social y Democrático de Derecho”, expresó Leidy Blanco García, coordinadora general de la organización de la sociedad civil.
Blanco García, aseguró, además que desde el movimiento cívico son respetados todos los ciudadanos y ciudadanas que por razones religiosas no están de acuerdo con las tres causales, pero sus convicciones no pueden constituirse en políticas públicas obligatorias para todas las personas.
“Reconocemos que podrían surtir efectos entre quienes comparten dichas creencias que no sufrirán ninguna restricción en sus derechos fundamentales, pues las causales no se imponen en forma obligatoria, sino que dejan en libertad a la mujer de decidir si interrumpe su embarazo o no solo si se encuentra en una de esas tres excepciones, por lo que nuestra posición no es promover el aborto sino sus excepciones”, enfatizó.
La realidad dominicana comprobada es que la penalización absoluta del aborto solo ha perjudicado a los más pobres y ocasiona la muerte de innumerables mujeres cada año, sobre todo menores de edad que deben acudir a clínicas y curanderos clandestinos donde se someten a procedimientos y brebajes que no solo implican un peligro para su vida, sino que además les roba su dignidad y su futuro.
“Cifras oficiales estiman que entre 08 y 13% de las muertes maternas se deben a abortos ilegales, y algunos estudios indican que las mujeres fallecidas por causas vinculadas al embarazo superan el de las fallecidas por violencia de género”, destacó, Leidy Blanco García.
Desde Participación Ciudadana hacemos un señalamiento de que, si un proyecto de esta naturaleza llega a convertirse en ley, no le quedaría más remedio al presidente Luis Abinader que honrar su palabra de campaña y observarlo, dilatando de esta manera la aprobación de un código penal necesario, pero que no puede construirse jamás pisoteando los derechos de las mujeres.
