Consideró que la educación no es sólo un tema de matemáticas, ciencias, lenguaje y economía, sino, que preservar la vida y educar para la vida, debe siempre ser la prioridad de las autoridades de educación de la República Dominicana.
El Observatorio Educativo Prof. Juan Valdez consideró que las autoridades del Ministerio de Educación no deben de ceder a presiones de grupos empresariales, que solicitan urgente reapertura de las clases presenciales, por considerar que no existen las condiciones físicas ni sanitarias para cumplir con el protocolo anti COVID-19 que le garantice la salud a toda la comunidad educativa.
“Es muy preocupante y desorientador la exigencia de la reapertura de las escuelas por parte de grupos empresariales bajo el argumento de que no se está garantizando la calidad con la educación a distancia, ylo más alarmante es toda la desinformación, los intereses unilaterales y los mitos educativos y de salud, en los que se basan estas solicitudes”, subrayó.
El observatorio consideró que la vuelta a la escuela presencial en estos precisos momentos y en las condiciones de infraestructura física que mantiene la mayoría de los centros educativos del país, implicaría poner en mayor riesgo la vida de los estudiantes y docentes del sistema educativo nacional.
En tal sentido, consideró que las desafortunadas circunstancias podrían aprovecharse para el desarrollo de competencias blandas para la vida, lo cual tendría mucho más impacto en el futuro de los estudiantes que el contenido de muchas asignaturas formales que se imparten en el sistema tradicional.
Dijo que los empresarios que abogan por el urgente regreso a clases presenciales, basándose en una supuesta preocupación por la calidad de los aprendizajes, mantienen una visión educativa del siglo XVIII, que concibe a la escuela con una mentalidad industrial, en la cual los estudiantes y docentes son considerados como artículos de una línea de producción, que no debe parar.
Consideró que la educación no es sólo un tema de matemáticas, ciencias, lenguaje y economía, sino, que preservar la vida y educar para la vida, debe siempre ser la prioridad de las autoridades de educación de la República Dominicana.
Sugirió a las autoridades educativas que antes de adoptar cualquier decisión tomen en cuenta la nota técnica realizada en diciembre pasado por la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada “Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe”, así como los resultados de las investigaciones del Observatorio Educativo.
El Observatorio indicó que la mayoría de las escuelas públicas no cuenta con las condiciones de tamaño de aulas, que permita el cumplimiento de los protocolos de distanciamiento físico, para un regreso presencial a clases de toda la matrícula de estudiantes.
“En términos de la capacidad de ofrecer condiciones básicas de saneamiento e higiene, aproximadamente uno de cada tres centros educativos no tiene suficientes baños o estos están en estado deficiente. Asimismo, el 30% de los centros carece de inodoros y lavamanos suficientes o los que tienen, están en estado deficiente; el 63% de los centros educativos no cuenta propiamente con un salón de profesores, lo cual es un espacio indispensable, para proteger a la población escolar más propensa a contraer el virus del COVID-192”, subrayó.
Señaló que una importante proporción de los centros educativos del país no tiene agua de la llave en los baños, la cocina y el área de limpieza, constituyéndose en un serio riesgo para la salud y el bienestar de los estudiantes y personal del centro. En ese sentido, consideró que lo urgente es enfocarse de manera prioritaria con la mejora de la infraestructura escolar y en formar a los equipos docentes y administrativos de los centros educativos sobre los protocolos a ejecutar.
Con respecto a los recursos humanos, el Observatorio Educativo entiende que las dificultades para regresar a clases presenciales de muchos docentes y la implementación de modelos híbridos definitivamente van a requerir incorporar nuevos docentes.
“Actualmente, existe una escasez de profesores por distintas áreas académicas, estimado en más de diez mil docentes, sobre todo en preescolar, primaria, lenguas extranjeras, Artes y TICS. Por lo tanto, plantea que antes de decidir sobre el regreso a clases presenciales, el ministerio de educación requiere de una cuidadosa planificación de la demanda y oferta de docentes”, dijo.
En lo que respecta al acceso a las TIC, electricidad y conectividad, el Observatorio Educativo entiende que se debe de tomar en cuenta el acceso a la conectividad y a los recursos tecnológicos en los hogares y en las escuelas, que en la actualidad es muy deficiente.
“Más del 68% de las niñas y niños en edad escolar vive en hogares que no tienen conexión a Internet; mientras que el acceso masivo a internet en las aulas escolares, es muy limitado. Igualmente, las deficiencias en la provisión de electricidad a las escuelas son ampliamente conocidas. De hecho, más del 30% de las escuelas a las que sí llega electricidad en horario escolar, no cuenta con enchufes e iluminación funcional. Por lo tanto, en términos de calidad educativa, debe considerarse que esto representa un enorme desafío para la calidad pedagógica, especialmente en zonas rurales”, indicó.
Con relación al financiamiento en la educación, el Observatorio entiende que La recuperación del sector educativo requerirá del uso cauteloso de los recursos financieros adicionales que se han asignado al Ministerio de Educación, así como mejorar su distribución. “Las enormes desigualdades para un eventual regreso presencial a clases, ponen en foco la necesidad de incorporar criterios de equidad y de priorización de poblaciones vulnerables.
En este sentido, consideró que el financiamiento de la educación, así como una asignación de recursos equitativa y eficiente son claves, para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos”, subrayó.
Dijo que para considerar la vuelta a clases presenciales, el Ministerio de Educación requiere sistemas de información para la gestión educativa robustos que permitan planificar, formular y administrar sus estrategias y protocolos y el Estado tiene la urgente necesidad y la responsabilidad de planificar y definir acciones prioritarias, más allá de las presiones e intereses de grupos empresariales, para poder garantizar la seguridad de las operaciones escolares y priorizar la atención educativa a las poblaciones más vulnerables.
Advirtió que las respuestas educativas ante la Pandemia del COVID-19 no deben ser guiadas por intereses empresariales, ni por las perspectivas sesgadas de algunos centros educativos privados, sino que deben estar basadas en los principios fundamentales de la ciencia, la inclusión, la equidad y la no discriminación; pero, sobre todo, en lo prioritario que debe ser para el Estado Dominicano preservar las vidas de los más de 2.3 millones de estudiantes y docentes del sistema escolar público, ya que no se educa para la escuela, sino para la vida.
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