La otra realidad de la carga impositiva de los combustiblesque se ve muy alta desde la oposición, pero en el gobierno se nota de otra forma.
A la demanda de devolución de un 30% de los fondos destinados por ley a la garantía de una pensión digna, se ha incorporado otra no menos absurda, que el gobierno disponga rebajas en los combustibles en un contexto internacional de alza de los precios internacionales del petróleo.
Lo que hacen los gobiernos en un período de varias semanas seguidas de alzas en los precios de las gasolinas y de los gasoil, es que no las transfieren plenamente al consumidor por los efectos adversos que se desatarían, pero luego, cuando hay rebajas, antes de transferirlas como tales, compensan las pérdidas acumuladas.
Desde la oposición es fácil denunciar eso como un comportamiento inadecuado, pero todo el que lo ha hecho, al gobernar se percata de que no hay de otra. No es verdad que hay una operación automática de la Ley de Hidrocarburos que cuando los combustibles suben, se suben sus precios, y que cuando bajan, se bajan sus precios. Cuando suben se transfiere una parte al costo del público pero por razones políticas, el gobierno asume una parte del alza; cuando bajan, por razones económicas la disminución no se transfiere plenamente.
La otra realidad de la carga impositiva de los combustiblesque se ve muy alta desde la oposición, pero en el gobierno se nota de otra forma: ningún ingreso es más seguro e imprescindible que el generado por los combustibles.
Es absolutamente insensato que a la vez que se reclama al gobierno que adquiera las vacunas que sean posibles para inmunizar a la población contra el Covid19, que auxilie a las personas que han quedado sin empleos o que aún permanecen suspendidas, que incremente la capacidad de los hospitales para enfrentar la pandemia y otras enfermedades, que subsidie productos de consumo básico, se le pida que prescinda de un ingreso esencial para afrontar parte de sus responsabilidades.
Pero a los dos reclamos ya citados, desbarajuste de las pensiones y rebaja de los combustibles, se añade otro con el que el gobierno tiene que lidiar, aunque tampoco tiene posibilidad de complacer a la población: la rebaja de los productos de la canasta básica.
El alza está asociada a la elevación de los precios internacionales de las materias primas de las que se elaboran, que no está en manos del gobierno. Lo posible son tres cosas;1- que no se hagan coincidir la carestía de esos artículos con escasez porque aumenta la carestía, 2-programas de ventas subsiadas a los más vulnerables; 3-repartos de alimentos para los carentes de ingresos.
Un informe OCDE-FAO, publicado recientemente dice que “la pandemia del COVID-19 está ejerciendo una presión sin precedentes sobre las cadenas mundiales de suministro de productos agrícolas y alimentarios. Como resultado, las repercusiones observadas incluyen cuellos de botella en las industrias de insumos, la producción agrícola, el procesamiento de alimentos, el transporte y la logística, así como enormes cambios en la demanda de alimentos y servicios alimentarios. Además, los países están adoptando medidas para afrontar los riesgos generalizados para la salud, lo cual genera una drástica contracción económica que afecta a los productores, los trabajadores y los consumidores en todo el mundo”.
La cuarta demanda que empieza a tomar cancha es la de un reajuste general de salarios, que pudiera ser necesario, pero no la prioridad para un gobierno que tiene que satisfacer inmediatamente otras urgencias, pero también resulta cuesta arriba para el sector privado en un año de cuentas en rojo
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