SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público investiga adulteraciones en las “manitas limpias” compradas de “urgencia” por Salud Pública bajo la gestión de Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, detenido como parte de la Operación Anti Pulpo que develó un entramado de corrupción que distrajo miles de millones de pesos del Estado.
El grupo de fiscales que encabezan los titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, sostuvo hoy ante el juez de la instrucción que la gestión de Freddy Hidalgo malversó al menos RD$236.9 millones en favor del entramado delictivo que tenía como cabeza operativa al imputado Juan Alexis Medina Sánchez.
Los miembros del Ministerio Público deploraron el hecho de que algunos de los frascos de gel higienizante de manos suplidos por las compañías de Medina Sánchez tenían metanol e incluso algún elemento irritante para la piel de las personas, razón por la que no se pudieron utilizar.
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Al exministro de Salud Pública, de 62 años de edad, se le imputa corrupción en resoluciones como la número 000032, del 29 de julio de 2013, mediante la cual declaró de urgencia la reparación y el mantenimiento general de 51 centros hospitalarios, y las 00011 y 21-2010, del 22 de marzo de 2013, para comprar “de urgencia” kits de Semana Santa.
La compra generó dos órdenes a favor del entramado societario del imputado Juan Alexis Medina Sánchez y de sus empresas Domedical Supply y General Medical Supply A. M., según la acusación del Ministerio Público.
Freddy Hidalgo negó que conociera a Medina Sánchez y, además, dijo desconocer si uno de sus hijos grabó y difundió en las redes sociales el vídeo en el que se le ve en ropa interior la noche que se produjeron los primeros apresamientos de la Operación Anti Pulpo.
Antes de que el tribunal conociera la petición respecto a Freddy Hidalgo, uno de los abogados de los imputados sugirió la suspensión de la audiencia debido a que los presentes en la sala llevaban 14 horas con una mascarilla para evitar la COVID-19.
El Ministerio Público persistió en su pedimento de mantener en prisión al imputado.
