La Coalición Ciudadana CAMBIEMOS R.D, solicitó al Congreso de la República, la urgente aprobación de la “Ley de Extinción de Dominio” con la finalidad de que los recursos robados al Estado Dominicano, en los últimos 24 años, sean recuperados.
Hablando a nombre de la entidad, Silvia Soto, expresó que valora como muy positivo, que la nueva gestión encabezada por el presidente Luis Abinader, esté cumpliendo la promesa de fortalecer la institucionalidad del país, dando pasos concretos para impulsar una justicia independiente al seleccionar un Ministerio Público, encabezado por las magistradas Miriam Germán y Yeni Berenice Reynoso, destacadas por su ética y apego a los principios de la justicia.
Señaló que la organización siente mucho optimismo y regocijo, porque ya se están viendo los resultados del trabajo del nuevo Ministerio Público, al ser apresados los primeros implicados en varios hechos de corrupción, como el caso del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FOMPER), el cual, involucra a parte de los miembros de la familia del expresidente Danilo Medina.
La dirigente, expresó, que además de que los culpables de corrupción paguen con penas punitivas sus actos delictivos, es fundamental que el Estado pueda recuperar entre 30 y 51 mil millones de pesos, que se presumen, fueron robados durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cada año, lo cual equivale a más de 1000 millones, basándose en el cálculo que realiza la entidad Transparencia Internacional, el cual establece que los actos de corrupción cuesta a los Estados de todos los países alrededor de un 1% de su PIB.
Dijo, que el país no cuenta aún con un instrumento legal que le permita realizar la recuperación de dichos bienes, ya que en el Congreso reposa el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, el cual fue aprobado en 4 ocasiones por el Senado de la República, de control absoluto peledeísta, que perimió en la Cámara de Diputados, aparentemente en una jugada de distracción, queriendo aparentar que existía algún interés, el cual obviamente no existía.
“La creación de los tribunales de extinción de dominio, obligaría a las entidades financieras a dar informaciones bancarias al juez, permitiría acuerdos internacionales para la homologación de sentencias extranjeras, el decomiso civil de los bienes procedentes de actividades ilícitas que sean instrumentos de actividades ilícitas o donde se pretendan ocultar bienes de ilícita procedencia, aunque no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal”, enfatizó.
De igual manera, decomisar aquellos bienes que constituyan un incremento patrimonial injustificado, aquellos que encontrándose a nombre de terceros que se determine que son el producto o se encuentran vinculados a un hecho ilícito y que quien se considera responsable del delito se comporta como dueño u ostenta su posesión o domino.
Los bienes relacionados con personas contra las cuales se ha pronunciado condena penal en el extranjero por narcotráfico, lavado de dinero, fraudes contra el Estado o delincuencia organizada, y aquellos, cuyos propietarios hayan tenido conocimiento de su utilización en el hecho ilícito, no lo hayan notificado a la autoridad o no hayan hecho algo para impedirlo razonablemente.
“Como se puede ver, esta ley permitiría rastrear todas las formas, mecanismos y medios, que los culpables de corrupción utilicen para ocultar el patrimonio y bienes sustraídos al Estado, y sin ella los culpables de corrupción se saldrían con la suya pues de alguna manera seguirían disfrutando de dichos recursos, los cuales han costado mucha pobreza al país”, puntualizó Soto.
Finalmente, Cambiemos, anunció que esta petición es el inicio de una campaña para que el Congreso de la República, ahora bajo el dominio del Partido Revolucionario Moderno (PRM) siga demostrando su apoyo a la lucha anticorrupción.
