Por Daniel Alberto Guerra.- Transcurridos unos 150 días desde el último acto procesal que atañe a los implicados en el caso Odebrecht, República Dominicana; surgen una serie de acontecimientos novedosos que nos ponen en sintonía jurídica con las incidencias que lo desarrollan.
El envío por ante la jurisdicción penal ordinaria del ex senador Tommy Galán, por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, y del que más espanto ha causado en la opinión pública, el archivo definitivo, y no provisional, que se ordenó en beneficio de 8 imputados en el caso, y que, sin temor a equívocos, nos invita a reflexionar con gran profundidad.
La importancia de la reflexión emerge por la similitud operacional entre el caso que nos ocupa (Odebrecth), y el caso del actual senador por la provincia de San Juan de la Maguana, Felix Bautista, quien con ocasión de imputaciones de corrupción, lavado de
activos y enriquecimiento ilícito, obtuvo un "Auto de no ha lugar" por la Sala Penal de la SCJ; utilizó en su defensa la extinción de la acción penal por haber "adquirido la autoridad de cosa decidida"; esto es, que habiéndose producido en su favor un archivo
que luego se convirtió en definitivo porque no se recurrió, no existía un acto acusatorio válido que pudiera sostenerse en el Tribunal.
Este tecnicismo legal, además de revivir esas duras memorias en perjuicio del sentimiento nacional, se vislumbra asomarse con los ya excluidos 8 imputados en el caso actual, y que no puedan ser reintroducidos al juicio. Aprovechando la coyuntura del nuevo hallazgo,
los FinCen papers, que expone la actividad oscuro financista y de sobornos de la empresa brasileña, en cuyo contenido, claramente aparece la República Dominicana como participante en la estructura mafiosa que movió billones de dólares.
Al momento de que se diera a conocer el archivo en beneficio de los imputados Temístocles Montás, Radhamés Segura, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Ruddy González, Bernardo Castellanos, César Sánchez y Máximo De Oleo, el entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, expresó que dicho archivo era de carácter provisional.
Con respecto de Punta Catalina, se aprecia también una posición adelantada por parte de protagonistas del pasado gobierno, cuando aseveraron mediante informe de la Comisión de Notables que esta obra no había sido objeto de adquisición fraudulenta con el esquema
Odebrecht; generando de entrada mediante otros tecnicismos, la idea de transparencia con la que se construyó la obra.
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