El Gobierno reaccionó este domingo a las críticas lanzadas contra las licitaciones de emergencias de insumos médicos para enfrentar la propagación del Covid-19
En un documento, firmado por Yokasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Públicas se asegura que esos procedimientos cumplieron con los principios de publicidad y participación establecidos.
Anota que las licitaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, están incluidas en el decreto 133-20, y sólo el MSP en el decreto 87-20.
Tales compras fueron declaradas de emergencia porque su finalidad prevenir, mitigar la propagación, prevenir y dar asistencia médica ante la situación que presenta el país por la pandemia de Coronarivus (COVID-19).
Se establece que las compras y contrataciones cuestionadas fueron todas publicadas en el Portal Transaccional y en su mayoría tuvieron amplia concurrencia. “Es decir, contaron con una participación significativa en la mayor parte de los casos”.
Guzmán pone de ejemplo que en un proceso participaron 24 empresas y fueron adjudicadas 15; en otro de 17 y se adjudicaron 6. Recuerda la funcionaria que hasta septiembre de 2012, ninguna compra y contratación de emergencia era pública ni ningún otro proceso, y por tanto, sólo unos cuantos participaban.
“Se recuerda igualmente que, aun cuando son compras declaradas de emergencia, y por tanto se encuentran liberadas de los procedimientos ordinarios, deben cumplir con lo que establece la normativa, y los requisitos (especificaciones y criterios de adjudicación) que fijen las instituciones responsables de estas adquisiciones, quienes deberán justificar sus decisiones”, indica la funcionaria.
En su declaración Guzmán especifica cada uno de esos requisitos y normativas contenido en la Ley 140-06 y su modificación, en el párrafo único del artículo 6 numeral 1); y el Reglamento de aplicación 543-12 en su artículo 3, numeral 2) y el artículo 4 numerales 1) y 8), disponen lo siguiente:
Informa que en los casos denunciados, y dado que los proveedores no cumplieron con el plazo de entrega, el SNS y el MISPAS, notificaron la rescisión de las adjudicaciones, iniciaron el procedimiento para solicitar la inhabilitación por incumplimiento y se está procediendo a realizar nuevamente la publicidad de los requerimientos.
En relación a los pagos, se ha confirmado que el Gobierno dominicano cuenta con el presupuesto necesario para pagar todas las compras y contrataciones realizadas, declaradas de emergencia, indica Guzmán.
Sobre los proveedores indica que ha sido verificado que éstos se encuentran inscritos y activos en el registro de proveedores del Estado y se trabaja en el levantamiento de información de las actividades comerciales inscritas, así como la composición accionaria, además de otros aspectos que han sido objeto de denuncia.
También se refiere a la denuncia del aumento exorbitante de los precios, recuerda que estamos presenciando y participando en mercados internacionales completamente alterados y fuera de lo tradicional.
“Especialmente en lo que se refiere a medicamentos e insumos médicos, incluidos vestimentas de protección, guantes, mascarillas etc. El COVID-19 es un virus que está afectando a nivel global y actualmente todos los gobiernos necesitan lo mismo y al mismo tiempo, por lo que existe una muy alta demanda y limitada oferta”.
Otro elemento que incide sobre los precios son las restricciones al libre comercio, indicando que más 50 países han prohibido la exportación de los bienes y productos que fabrican sus empresas y que son requeridos para dar atención a la pandemia. Esto está llevando al colapso de los mercados.
“Desde el inicio de la declaratoria de compras de emergencia, se ha incorporado el seguimiento a los precios de estos bienes a través del Sistema de Precios del sector público, que permite conocer los precios a los que compran los mismos bienes y servicios cada institución. A esto se ha agregado también la observación de los mercados internacionales” expresa.
De esa forma, aseguramos que haya información real sobre precios, que contribuya a delimitar comportamientos irregulares y definir actuaciones jurídicas para quiénes traten de aprovechar el momento para especular, poniendo en juego la salud y la vida de los dominicanos y dominicanas.
