La República Dominicana está bajo el estado de emergencia, decretado este jueves por el presidente Danilo Medina, luego que el Congreso Nacional aprobara la resolución que así lo autorizara.
La declaración del estado de emergencia se hizo mediante el decreto 134-20, dejando oficialmente en vigencia la resolución número 62-20 del 19 de marzo del 2020.
El artículo 3 establece que el Poder Ejecutivo rendirá informes periódicos a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, que se integrará para dar seguimiento a las acciones adoptadas durante el período de excepción para combatir el coronavirus (COVID-19), evitar el contagio masivo y satisfacer las necesidades de la población más vulnerable.
Este estado de excepción se mantendrá vigente por 25 días.
Establece que si 5 días antes del vencimiento de este plazo no han cesado las causas que dieron lugar a esta declaratoria de emergencia, el Poder Ejecutivo podrá solicitar al Congreso Nacional la prórroga correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 21-18.
Mediante la declaratoria quedan restringidas las libertades de tránsito, asociación y reunión siempre guiados por las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la práctica internacional para prevenir la aglomeración de personas que puedan propagar aún más el COVID-19.
“Ningún otro derecho de los enunciados en el numeral 6 del artículo 266 constitucional y en el artículo 11 de la Ley núm. 21-18 será objeto de restricción” establece.
Igual autoriza al presidente de la República a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los centros de salud pública se mantengan provistos de los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades y así garantizar la asistencia hospitalaria y la provisión de medicamentos a las personas afectadas por el COVlD-19 que lo requieran; y (3) disponer las medidas necesarias para apoyar a los diferentes sectores económicos nacionales durante el período de emergencia como forma de proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores.
