Independientemente de que la Junta Central Electoral sea o no culpable de la abortada elecciones municipales del pasado 16 de febrero, la salida menos traumática, después de analizar todas las posibles alternativas, es continuar con ese tribunal, en la medida en que sea revestido de seguridad y garantía de transparencia para el certamen del 15 de marzo.
Hay sobradas razones para protestar en contra de esa JCE, a pesar de la disculpa pública dirigida por Castaños Guzmán al pueblo dominicano. La disculpa no es suficiente. El daño ocasionado a la democracia dominicana no hay forma de reponerlo, pero ese órgano electoral está en capacidad de establecer el origen y las autorías materiales e intelectuales del sabotaje del pasado domingo.
El anuncio de nuevas elecciones tiene que estar acompañado de una explicación, con lujo de detalles, de las razones que provocaron la cancelación del torneo anterior. Es una tarea pendiente que el electorado demanda con prontitud a la JCE, cuyos miembros deben de seguir en sus puestos hasta agotar el período por el cual fueron escogidos por el Senado de la República.
No es aconsejable abocarnos al pedido de renuncia de los jueces de la JCE, pues de dimitir serían sustituidos por los suplentes, que son cinco miembros del Comité Central del PLD. Y empeora la situación.
Y para la destitución de los jueces y sus respectivos suplentes sería un proceso largo y donde los perjuicios para la población podrían ser mayores. Para ser destituidos (ver numeral 1 del Art. 83 de la Constitución) se requiere que las dos terceras partes de la Cámara de Diputados apruebe su sometimiento ante el Senado de la República, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
¿Y a quién responde el Senado? Se trata de un Senado peledeísta, un hemiciclo que no ha tenido por norma la búsqueda de consenso en la designación de miembros de la JCE, de la Cámara de Cuentas ni del defensor del pueblo.
El Senado podría, conforme al numeral 4 del Art. 80 de la Constitución, ratificar o destituir a esos jueces, en caso de que la Cámara de Diputados considere que han cometido faltas graves, pero también podría darle larga al caso. Y si las elecciones municipales no se celebran antes del 24 abril, fecha en que deben de juramentarse las nuevas autoridades, generaría un vacío institucional, el cual obligaría a una reforma constitucional, que conlleva, entre otras eventuales posibilidades, a unificar las elecciones para el 20 de mayo y el embrollo sería mayor.
De manera, que las protestas que escenifican jóvenes de ambos sexos en la Plaza de la Bandera y en otros puntos de la geografía nacional, son justas y saludables para la democracia dominicana, pero es un error pedir la cabeza de los miembros de la JCE, es la cabeza del PLD lo que hay que demandar.
La JCE que hable, que diga todo lo que pasó, porque no podemos acudir al certamen del 15 de marzo ignorando las causas de lo ocurrido el 16 de febrero. Que no nos vean la cara de idiotas. Una vez se conozcan las reales razones y los verdaderos autores intelectuales y materiales (muy distante al teatro que hace la Policía Nacional), entonces procede revestir a esa misma JCE de seguridad, rodearla de técnicos calificados de la OEA, de Participación Ciudadana y de los partidos políticos, en procura de unos comicios transparentes el 15 de marzo. ¡Pienso yo!
