El Gobierno dominicano reconoció este viernes que en un ambiente de tanta desconfianza como el que reina cualquier investigación que se lleve a cabo sin la debida independencia de todos los actores políticos, incluyendo al Gobierno, generará suspicacia y descreimiento tanto en los partidos políticos de oposición como en amplios segmentos de la sociedad dominicana.
“Lo mismo puede decirse de la Junta Central Electoral, órgano que determinó la suspensión de las elecciones ante los fallos en los equipos técnicos del voto automatizado” se establece en un documento que fue leído por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
El documento indica que lo anterior “lo pudimos constatar en una ronda de consultas que, por instrucción del Presidente de la República Lic. Danilo Medina, llevamos a cabo a principios de semana el ministro de la Presidencia, el ministro Administrativo de la Presidencia y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo con importantes líderes de opinión del país, así como con líderes del sector empresarial.
Informó que en vista de lo anterior el presidente Danilo Medina instruyó al ministro Administrativo de la Presidencia, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y al embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) reunirse con el Secretario General de la OEA Luís Almagro para ventilar este asunto y explorar vías de cómo proceder ante una situación como la que enfrentamos los dominicanos en esta coyuntura.
La reunión con el Secretario General Almagro se produjo en el día de ayer (jueves) en la sede de la OEA en la ciudad de Washington, D. C.
Y agrega que, como resultado de esta reunión, el Gobierno dominicano considera que el curso de acción más idóneo es solicitar a la OEA que haga una auditoría-investigación que arroje luz sobre lo que pasó en el sistema de votación automatizado en la República Dominicana que dio lugar a la suspensión de las elecciones municipales.
Texto completo: Gobierno fija posición sobre situación política nacional.
Entiende que para lograr este objetivo, la Junta Central Electoral debe cursar una invitación a la OEA para que lleve a cabo esta tarea, al tiempo que el Gobierno dominicano firme el protocolo de rigor que se corresponde con este tipo de misión especial.
En el documento se establece que lo que ocurrió el 16 de febrero, sin duda alguna, fue un hecho lamentable, bochornoso y frustrante. Los ciudadanos manifestantes y la sociedad entera demandan y merecen una explicación.
Se refiere a la indignación de la población pone de manifiesto que la gente no es indiferente ante el hecho de que no se le permitiera ejercer el derecho al voto. La democracia comienza, aunque no termina ahí, en el ejercicio del sufragio con libertad plena de la ciudadanía.
Igual subraya que sin elecciones libres y competitivas, justas y transparentes, no puede haber democracia.
Y que garantizar ese derecho es una responsabilidad de todos, pero especialmente de la Junta Central Electoral, a la que la Constitución y las leyes le otorgan esa potestad como órgano autónomo e independiente.
La respuesta que la sociedad reclama tiene que tener credibilidad. No se logra nada si la explicación que se ofrezca, aún pueda ser verdadera, no cuenta con esa credibilidad que es la base de la confianza que debe existir entre gobernantes y gobernados.
Reconociendo esto, hay que buscar una vía para dar credibilidad a cualquier investigación que se lleve a cabo para determinar qué pasó y si hubo alguna actuación dolosa en esa interrupción inesperada de las elecciones municipales.
