El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva por la presunta violación de varios artículos de la Constitución de la República y el Código Penal Dominicano mientras realizaban un allanamiento a una barbería de Villa Vásquez.
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que fue fijada para el próximo lunes la audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción a la exfiscal y cuatro agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), acusados de cometer irregularidades en un allanamiento realizado el pasado 2 de agosto en una barbería del municipio de Villa Vásquez, en la provincia Montecristi.
La medida de coerción será conocida por el Juzgado de la Instrucción de Montecristi este lunes 19 de agosto a las 10:00 de la mañana contra la exfiscal Carmen Lisset Núñez Peña, el mayor de la Policía Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez, y los cabos de la Policía y la Fuerza Aérea Dominicana Adan Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, respectivamente.
El Ministerio Público solicita en su contra la imposición de un año de prisión preventiva por la presunta violación de los artículos 38, 42, 44, 169 párrafo I, 255 de la Constitución de la República, que tipifican la violación al derecho de la dignidad humana, respeto a la integridad psíquica y moral, honor personal, así como de violar los artículos 114, 123, 166, 184, 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifican el abuso de autoridad contra los particulares, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.
Se recuerda que por este caso el Ministerio Público y la Policía Nacional también persiguen a Carlos Daniel Estévez, alias Mendañito, a quien pidieron que se entregue por las vías correspondientes.
A través del comunicado de prensa mediante el cual ofreció la información, el Ministerio Público explicó que cuenta con diferentes evidencias, tanto periciales, materiales, testimoniales como documentales que han permitido establecer que presuntamente el grupo planificó y ejecutó la colocación de drogas en dicho establecimiento, por lo que reiteró que la medida de coerción más idónea a imponer en este caso es la prisión preventiva por existir el peligro de fuga.
