Una nota indica que el presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO), decenas de entidades sindicales del transporte, propietarios y operadores de unidades del transporte de pasajeros, urbanos e interurbanos presentaron este jueves formal querella y constitución en actoría civil en contra del Ministro de Industria y Comercio y de otro ex ministro y una empresa privada.
De acuerdo a una nota remitida a este diario, Juan Hubieres del Rosario encabeza la acción penal en contra del actual ministro de Industria y Comercio y Mypimes (MICM), Nelson Toca Simó, del ex ministro, arquitecto José Del Castillo Saviñón, y representantes de Coastal Pretroleum Dominicana, S.A.
En la querella y constitución en actoría civil Juan Hubieres y los demás querellantes, todos constituidos en actores civiles, acusan a los imputados de lavado de activos, prevaricación, desfalco, coalición de funcionarios, concusión, asociación de malhechores, entre otros cargos, delitos cometidos mediante la fijación de precios y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP).
Las víctimas solicitan en su querella y constitución en actoría civil la designación de un juez especial de la instrucción, dado el privilegio de jurisdicción de que gozan los imputados, para que le sea conocida medida de coerción, consistente en prisión preventiva.
Los imputados estarían desfalcando al Estado mediante fijación excesiva de precios del carburante, mediante resoluciones ilegales para favorecer a la empresa querellada, Coastal Pretroleum Dominicana, S.A.
Los aumentos habrían sido concebidos en principio para que la entidad privada, Coastal Pretroleum Dominicana, S.A., construyera, a costa de los consumidores, una terminal privada para depósito de combustible, y pese a que ya se concluyó esa obra, siguen cobrando los aumentos.
Las víctimas, querellantes y actores civiles, así como los consumidores dominicanos, estarían pagando costos excesivos en el precio del gas licuado de petróleo, recursos que van a los bolsillos de particulares, en detrimento de la economía popular y de operadores del transporte.
La querella fue presentada en la Procuraduría General de la República vía dirigida la Procuraduría Especializada en Contra de la Corrupción.
