El ente estatal sobre supuesta mafia en venta de combustible
SANTO DOMINGO, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes solicitó este miércoles al procurador general de la República investigar la denuncia de ANADEGAS y FENATRANO respecto a “una alegada mafia en la venta de combustibles, con la supuesta “connivencia de funcionarios públicos del gobierno y específicamente” del MICM.
La petición está contenida en una instancia depositada la tarde de este miércoles en la Procuraduría General de la República, la cual suscriben el titular de la cartera, Nelson Toca Simó, y César Avilés Coste, consultor jurídico de dicha institución.
“Mediante la presente instancia y en virtud de las disposiciones legales contenidas en los artículos 29, 30, 259, 260, 262, 263, 264 y 265 del Código Procesal Penal, tienen a bien solicitar de manera formal a esa Procuraduría General de la República, dar inicio a una investigación en relación con los supuestos hechos denunciados por los señores Arnulfo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS); Juan Ignacio Espaillat Taveras, ex presidente de ANADEGAS; (Y) Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO)”.
Toca Simó y Avilés Coste solicitan al Procurador designar los fiscales investigadores, así como los peritos y técnicos necesarios para levantar la investigación a “profundad” de “los hechos denunciados”.
De igual manera piden “convocar a los denunciantes Arnulfo Rivas, Juan Ignacio Espaillat Taveras y Juan Hubieres, a los fines de que aporten al Ministerio Público en el curso de la investigación, los datos, informaciones, pruebas de que dispongan sobre las denuncias realizadas”.
La instancia depositada en la Procuraduría General de la República recoge que Rivas, Espaillat Taveras y Hubieres “plantearon la existencia en el país de una mafia que vende combustibles ´ilegales´ producto del contrabando, señalando los dos primeros denunciantes de forma específica, que dicha mafia se encontraba apoyada y auspiciada por funcionarios del Gobierno, y más específicamente del propia MICM”.
Dichas declaraciones fueron reproducidas por diversos medios nacionales, tanto impresos como audiovisuales, cuyas copias se encuentran en la solicitud depositada.
Ante dicho pronunciamiento, la semana pasada el MICM procedió a emplazar a ANADEGAS y sus directivos mediante acto de alguacil para que identificaran “los funcionarios, personas y sectores que, de acuerdo a la denuncia, alegadamente estarían autorizando o tolerando deliberadamente el contrabando de combustibles” y que “presentaran las supuestas pruebas de la denuncia”.
El citado emplazamiento también fue publicado en espacio pagado en varios medios de circulación nacional.
“Hasta el momento, los denunciantes públicos, no han depositado ante el MICM, ni el ministro, ninguna de estas supuestas pruebas, ni tampoco han formalizado dichas denuncias ante las autoridades, con lo cual, se han quedado en denuncias”, señala el documento.
El MICM dice que pone a disposición del Ministerio Público “todas las facilidades necesarias” para que pueda “efectuar una investigación exhaustiva, ofreciendo total acceso sin limitaciones de ningún tipo a los investigadores designados, a toda la documentación que sea requerida”.
