El presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini, propugnó un consenso para la firma y puesta en funcionamiento del pacto eléctrico, el cual implica grandes beneficios para el país, en especial para el aparato productivo y los consumidores afectados por interrupciones en el servicio eléctrico.
Destacó que la puesta en vigencia de ese pacto, contribuiría a reducir pérdidas económicas a las empresas y sería un alivio enorme para la carga en el Presupuesto Nacional que representa el déficit fiscal.
Juan Marranzini, refiere que la implementación de las medidas contempladas en dicho pacto, permitirá a las empresas aumentar sus niveles de competitividad y los más desposeídos se beneficiarían con la disminución de los apagones eléctricos.
“La firma del pacto eléctrico es de gran interés nacional, pero realmente requiere del consenso de todos los sectores, incluyendo el político. Sin lugar a dudas traerá beneficio a todos los sectores del país, porque con la reducción de las pérdidas se beneficiarán directa e indirectamente las grandes, pequeñas y medianas empresas “, resaltó el presidente de la AIRD.
Y añadió que: “Si el compromiso que se genere en el pacto eléctrico logra que haya reducción de pérdidas y no será una carga para el Presupuesto Nacional y para las empresas, no debe haber obstáculos para su aprobación“.
También expresó, que además de los grandes beneficios que el pacto implicará para el país, en especial para el aparato productivo, porque contribuirá a reducir pérdidas a las empresas, es un alivio enorme para la carga el déficit fiscal debido al subsidio eléctrico que mantiene el Estado.
Representantes de otros sectores empresariales han señalados que los acuerdos alcanzados en tres años de discusión para consensuar el pacto eléctrico pierden vigencia por el retraso en su firma, debido a que el Poder Ejecutivo guarda silencio sobre la convocatoria para rubricar el documento final.
Se recuerda que a enero del año 2018, la Superintendencia de Electricidad, junto a otras entidades públicas, debió presentar los resultados de un estudio para la definición del régimen tarifario de referencia para establecer los costos de suministro de energía, tras la puesta en vigencia del pacto.
También se suponía que el Poder Ejecutivo, antes de que finalizase el año 2017, debió definir su nueva política de subsidios, debido a que las decisiones sobre el régimen tarifario de referencia que se estableció en los acuerdos debió ser adoptada a más tardar el 31 de marzo de 2018.
Desde que el 31 de octubre del pasado año en que el Consejo Económico y Social (CES) entregó al presidente Danilo Dominicano, el documento final para el pacto eléctrico , se ha estado aguardando que el Gobierno anuncie la convocatoria para su firma, aunque se anunció que se haría en enero del año 2018, a la fecha se ha guardado silencio respecto a si se firmará o no este 2019 que es un mandato de la Ley 1/12 que define la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), considera que el documento sobre el Pacto Eléctrico fue consensuado entre la mayoría de los actores participantes en las discusiones en el CES, lo que lo hace válido para ser firmado cuando el Gobierno lo disponga.
