Santo Domingo. – El Ministerio Público del Distrito Nacional logró que se impusiera medidas de coerción consistente en prisión preventiva contra tres implicados en red dedicada a la sustracción y comercialización de piezas de vehículos de motor, las cuales son distribuidas en diferentes repuestos automotrices.
Mediante un operativo realizado por el órgano persecutor fueron arrestados la semana pasada los imputados Irene Massiel Acevedo Rivera, Eduar Pérez, Elmer Amarfi Encarnación y Francis Martínez Ramírez, contra estos tres últimos el Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, que cumplirán en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, conforme ordenó el juez José Alejando Vargas, de la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción.
Mientras que a la imputada Irene Massiel Acevedo Rivera el juez le impuso medidas de coerción consistentes en pago de una garantía económica de RD$500,000.00 (quinientos mil pesos), presentación periódica e impedimento de salida del país.
Por medio de un comunicado de prensa se indicó que la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) inició una investigación en el Distrito Nacional sobre esta red criminal que contrabandeaba piezas de vehículos de motor, con ramificaciones y operaciones en diferentes puntos del país.
Las indagatorias realizadas por el órgano persecutor, incluyeron interceptaciones telefónicas con las cuales se pudo establecer la manera en que operaba el entramado delictivo y cómo estaban involucrados los imputados en el mismo.
De igual forma, fueron identificados los establecimientos Repuestos JR, Auto Electrónica Triple A, Josué Autoparts, Francis Auto Vidrio y Más como los lugares donde se reciben y venden las mercancías robadas.
En los allanamientos a domicilios de los imputados y establecimientos comerciales implicados en esta estructura criminal se incautaron múltiples piezas de vehículos de motor. Tanto el Estado Dominicano como la sociedad son afectados seriamente por este flagelo, que implica una pérdida en términos de recaudación de aproximadamente mil quinientos millones de pesos cada año.
Preliminarmente, el Ministerio Público otorgó al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 379 y 384 del Código Penal Dominicano, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y delitos precedentes de contrabando y evasión fiscal establecidos en los artículos 171, 176, 177 y 200-203 de la Ley 3489, y los artículos 197, 204, 205-208, 232-245, 446-264 del Código Tributario.
